Altos funcionarios del Gobierno cayeron en millonaria estafa de pensiones

Habrían perdido más de 1.800 millones de pesos. Los delincuentes, que ya fueron capturados, prometieron trasladar el dinero de un fondo privado a Colpensiones para obtener un monto superior en la pensión.

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, y el Jefe de Presupuesto Nacional, Fernando Jiménez, son algunas de las víctimas. Además, se vieron afectados otros funcionarios de la Presidencia, jueces y fiscales de las ciudades de Cali, Bucaramanga y Bogotá, señaló W Radio.

A estos funcionarios, incluso, el comité de multivinculación les había aprobado el traslado pero, al darse cuenta de la falsedad, revocó la decisión y las regresó a los fondos privados, indicó la Fiscalía.

En el proceso, las autoridades encontraron que los estafadores “se hacían pasar por abogados que hacían trámites ante Colpensiones y cobraban millonarias sumas de dinero por este trámite que jamás se ejecutó”, agregó la W.

La Fiscalía, por su parte, señaló que “los presuntos estafadores llegaban al sitio de trabajo de sus víctimas o las contactaban vía telefónica para encontrarse con ellas en un sitio público y ofrecerles sus servicios. Una vez las convencían, atendían solicitudes para traslado de los fondos privados a Colpensiones, y les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales; entre otras cosas, porque estaban a menos de 10 años de lograr la pensión, por lo que era improcedente el traslado”.

El ente investigador agregó que los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero.

Colpensiones, por su parte, hizo la denuncia ante la Fiscalía, que determinó que la banda delinquía en Bogotá, Valle del Cauca -especialmente en Palmira-, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero.

La red cobraba entre 10 y 15 millones de pesos por cada trámite que realizaba. El ente acusador investiga si hay funcionarios públicos involucrados detrás de este robo que habría afectado a cerca de 120 personas, aseguró la emisora.

Entre tanto, la Fiscalía reportó la captura de cuatro personas que pertenecen a esta banda y deberán responder por los delitos de estafa agravada, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además, señalo que esta estafa será investigada como un fenómeno delictivo que afecta los recursos públicos, y no como una serie de hechos aislados que van contra personas específicas.