Trabas, apelaciones y un expediente en el limbo: la radiografía del caso de Nicolás Petro

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A tres años de su captura en Barranquilla, el proceso judicial por lavado contra el hijo del expresidente sigue estancado en tribunales.

El proceso judicial que se sigue contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, cumplió tres años desde su histórica captura sin que hasta el momento se vislumbre una sentencia definitiva. El caso, radicado en la ciudad de Barranquilla, se encuentra empantanado en su fase de preparatoria de juicio, una etapa que la propia fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ha calificado abiertamente como un trámite marcado por una «lentitud pasmosa».

Cabe recordar que el exdiputado y su expareja, Day Vásquez, fueron detenidos el 29 de julio de 2023 por agentes del CTI de la Fiscalía. La tesis inicial planteada por el entonces fiscal del caso, Mario Burgos, apuntaba a que Nicolás Petro se habría apropiado de cerca de 1.053 millones de pesos provenientes de empresarios costeños como Gabriel Hilsaca, dineros que supuestamente estaban destinados a la campaña presidencial de su padre pero que terminaron siendo gastados en lujos personales. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de un acuerdo de colaboración con la justicia, este se vino abajo con el paso de los meses.

Tras la salida de Burgos, el expediente quedó en manos de la fiscal Lucy Laborde, quien intentó incorporar a la etapa probatoria cerca de dos millones de evidencias con el fin de debatirlas en el estrado. Entre los elementos más codiciados y comprometedores figuraba el teléfono celular de Day Vásquez, clave fundamental por los chats en los que supuestamente se evidenciaba el manejo irregular de los recursos. Sin embargo, en medio de cuestionamientos y controversias internas, Laborde dejó el caso y su despacho fue asumido por otro investigador.

Al referirse al estado del proceso, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló recientemente en diálogo con este medio: “Cuando llegué a la Fiscalía ese caso ya estaba en juicio, y los casos en juicio son casos de los jueces. Los fiscales somos litigantes en los juicios, no dirigimos las investigaciones”. Asimismo, añadió sobre la complejidad técnica y operativa: “Es un caso que se tramita con una lentitud pasmosa, y que tiene que ver con las dinámicas incorporadas a prácticas de fiscales y prácticas judiciales. Decía la fiscal Laborde que tenía tres millones de evidencias en contra de Nicolás Petro. Imagínese lo que nos demoramos introduciendo tres millones de evidencias en una audiencia preparatoria”.

Actualmente, el expediente se encuentra estancado a la espera de definiciones de fondo. Hace más de dos meses, el juez Hugo Carbonó, a cargo del Juzgado 2 Especializado de Barranquilla, emitió su veredicto sobre cuáles pruebas eran admisibles para el juicio y cuáles no; sin embargo, las partes interpusieron recursos de apelación. Ante este panorama, la decisión final sobre cerca de 800 pruebas apeladas recae ahora sobre el Tribunal Superior de Barranquilla, específicamente en el despacho del magistrado Demóstenes Camargo, el cual recibió el expediente en junio sin que hasta la fecha se conozca un fallo que destrabe el caso.

Para colmo de males, las tensiones procesales han dejado coletazos disciplinarios. Debido a presuntas actuaciones irregulares durante las audiencias, el juez Carbonó compulsó copias para investigar disciplinariamente tanto a la exfiscal Lucy Laborde como al abogado defensor del procesado, el penalista Alejandro Carranza, dejando el futuro del polémico juicio en un limbo jurídico absoluto.