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Esto tras el escándalo revelado este miércoles en el que quedó en evidencia la movida que hizo el exfuncionario.
El exjefe del Ministerio Público modificó el esquema de seguridad para garantizar su protección durante los cuatro años siguientes a su salida de la entidad, denunció Caracol Radio.
Actualmente, un total de 16 carros de la Procuraduría custodian al exprocurador, tres a cada una de sus hijas y cinco a su esposa. Sin embargo, en la tarde de este jueves la Policía ordenó retirar a 10 hombres de la escolta del funcionario.
La investigación de Caracol da cuenta de que, para asegurar el cuidado suyo y de su familia, Ordóñez modificó una resolución de la Procuraduría el 9 de agosto de 2013 y, no solo aplicaría para él, sino también para los exfuncionarios que trabajaran en esa entidad.
“Los ex servidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario”, señala la Resolución 327 que modificó Ordóñez.
Conocida la movida del exprocurador, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que argumenta por qué los exfuncionarios gozan de esa protección después de retirarse de la entidad.
Esto señala el documento:
“Ante las inquietudes ciudadanas recibidas el día de hoy frente al manejo de esquemas de seguridad de funcionarios y exfuncionarios de la Entidad, la Procuraduría General de la Nación se permite manifestar que:
Al interior de la Entidad se regula por el numeral 2 del Artículo 20 del Decreto Ley 262 de 2000, en lo relativo a las funciones de la División de Seguridad: “Garantizar, de conformidad con el reglamento de protección y seguridad que expida el procurador general, la seguridad personal de los servidores y exservidores de la Procuraduría General y sus familias, cuando por razones de seguridad sea necesario, para lo cual la Entidad deberá disponer de los recursos humanos y físicos que se requieran”.
Dicha resolución fue adicionada por la 327 del 9 de agosto de 2013, la cual estableció que el beneficio de seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo, ya que no existía una normativa que definiera un límite de tiempo en la materia.
El correspondiente estudio de seguridad determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su familia”.
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