Cuando la corrupción ‘se dio garra’: 10 escándalos de políticos y empresarios en 2017

Este año se destaparon varias de las investigaciones más graves contra funcionarios y compañías por diversas irregularidades.

1. Cartel de la Toga – Se le llamó así a la red de corrupción que se investiga dentro de la Corte Suprema de Justicia, en la que varios magistrados y abogados recibían altas sumas de dinero a cambio incidir en decisiones judiciales y procesos de las personas investigadas.

El principal eje del escándalo fue el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, capturado en junio de 2017, y que luego vinculó a los expresidentes del alto tribunal Francisco Ricaurte, hoy preso, Leonidas Bustos, y Camilo Tarquino. También están siendo investigados los magistrados Gustavo Malo y Camilo Ruiz.

Adicionalmente hay senadores, representantes, exgobernadores y exalcaldes, exfuncionarios de la Fiscalía y la Corte, entre otros, que sumán alrededor de 30 implicados en el escándalo.

2. Odebrecht – La constructora brasilera es señalada de pagar sobornos a más de mil personas en al menos 12 países en todo el mundo. Ese dinero se pagó en efectivo, en transacciones a través de la Banca Central de Andorra, y en muchos casos con prostitutas y fiestas.

En Colombia, han sido vinculados altos funcionarios de este y gobiernos anteriores, en especial, personas que trabajaron en el Ministerio de Transporte. El principal contrato por el que Odebrecht pagó esas millonarias sumas fue la adjudicación de la Ruta del Sol.

Las investigaciones incluso tocaron al presidente Juan Manuel Santos, pues el gerente de sus campañas presidenciales, Roberto Prieto, que ha declarado y servido como testigo a la Fiscalía. Han sido vinculados exministros como Miguel Peñaloza y Cecilia Álvarez, el exprocurador Alejandro Ordóñez, y varios senadores. Incluso, en los últimos días el exviceministro Gabriel García Morales fue condenado.

3. Ticket Shop – En agosto pasado, la Selección Colombia jugó ante Paraguay por las eliminatorias, y esta empresa era la encargada de vender las boletas para ese partido, pero se acabaron tan rápido que la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación y suspendió a la empresa porque encontró que detrás de esa “farsa”  habría una operación gigantesca de reventa de boletas.

Adicionalmente, el Superintendente Pablo Felipe Robledo, en su momento indicó que hay “dirigentes deportivos  que están investigados sobre los cuales hay bastantes evidencias” y que daría a conocer oportunamente, aunque aún no ha entregado esa información adicional.

4. Programa de Alimentación Escolar (PAE) – Con este programa, el Gobierno quería fomentar estilos de vida saludables con el consumo diario de frutas y verduras, el ejercicio, y una alimentación balanceada para el desarrollo adecuado de los niños en todos los colegios públicos del país.

Sin embargo, las autoridades de control revelaron que a través de este programa estaban contratando productos al triple de su costo habitual en el mercado. Entre los que más sorprendieron están las pechugas a 40.000 pesos, los huevos a 900 pesos, y contratos de tamales por más de 30 millones de pesos destinados a operadores de grúas, ferreterías, y empresas que no tienen ningún tipo de relación con el negocio de alimentos, y muchas que ni siquiera están activas.

5. Cartel del Cemento – Pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio comenzó la investigación en 2012, este año Argos, Cemex y Holcim fueron multadas con más de 200.000 millones de pesos  porque habrían incurrido en prácticas de competencia desleal.

Según los datos de la entidad, las tres empresas habrían acordado fijar los precios del cemento gris y pactado acuerdos para la repartición del mercado.

Los directivos de las empresas rechazaron las acusaciones, y aseguraron que no incumplieron las reglas. La investigación está en curso.

6. Cartel de la Hemofilia – Este escándalo se destapó en 2016, y consistió en el desfalco de los recursos destinados a financiar la salud en Córdoba. Funcionarios de la administración departamental usaron personas para que fingieran que padecían hemofilia y hacer cobros para medicamentos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

La mayoría de las personas que fueron halladas responsables fueron capturadas este año, y para otros la investigación aún está en marcha, como es el caso del actual Gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, que enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.000 millones de pesos.

La mayoría de los vinculados al caso son de la Gobernación de Córdoba, entonces a cargo de Alejandro Lyons, en la que se habrían pagado cerca de 50.000 millones de pesos a varias entidades de salud para que suministraran medicinas a esos pacientes que no existían, y por tratamientos especializados para niños que no los necesitaban. Luego ese dinero era distribuido entre los funcionarios.

7. Cartel de Síndrome de Down – Este escándalo se conoció en enero y también fue protagonizado por los gobernantes en Córdoba. La investigación apuntó a Ana Karina Elías, esposa del ex secretario de salud Alfredo Aruachán, preso por el cartel de la hemofilia, y prima del senador Bernardo Elías.

Elías sería la cabeza visible de la IPS Unidad Integral de Terapias de la Costa, a la cual les habrían pagado cerca de 10 mil millones de pesos en supuestas terapias de neurodesarrollo a niños que no padecían la enfermedad. La misma investigación revela que la representante legal de la misma IPS sería la cabeza, era Diana Carolina Spath Espinosa, prima de Sami Spath Storino, abogado y asesor jurídico de la administración de Alejandro Lyons.

Pese a que inicialmente se pagaba dos millones de pesos por cada niño con síndrome de Down, con la aparición de la IPS señalada los pagos se elevaron a cinco millones de pesos por cada uno, hecho que está en manos de la Contraloría General de la Nación, especialmente porque se detectó que hubo 42 pacientes a los que no se les hizo el tratamiento completo.

8. Cartel del Ganado –En febrero, 17 sociedades fueron multadas por acordar cobrarles una comisión adicional a los que compraban ganado en subastas públicas, con lo que violaron la libre competencia. La sanción ascendió a casi 3.000 millones de pesos.

9. Cartel del arroz –En marzo de 2017, el Consejo de Estado ratificó la sanción a Molinos Roa, Molinos Flor Huila, Arroz Diana, Procesadora de Arroz y Unión de Arroceros. Estas cinco empresas arroceras fueron señaladas en 2011 por “coordinar deliberadamente una similitud de precios” que perjudicó la economía de los consumidores.

10. Cartel de la tubería de concreto para alcantarillado –En mayo, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra American Pipe, Manufacturas de Cemento Titán y Tubox, por violaciones a la libre competencia económica.

Según la entidad, estas tres empresas conformaron un cartel empresarial “para la fijación artificial de los precios de los tubos de concreto para alcantarillado; y el segundo cargo, por haber presuntamente conformado un cartel empresarial para repartirse los potenciales clientes, y así dejar de competir por más de una década 2004 – 2014.