El escándalo tras los $478 millones en efectivo: dudas y polémica en el cierre de campaña del Pacto Histórico

El reciente escándalo por el presunto pago irregular de $478 millones en efectivo para el cierre de campaña del Pacto Histórico en Bogotá ha desatado una ola de cuestionamientos y acciones legales. Según información documentada por EL COLOMBIANO, la situación cobró notoriedad luego de que se presentara una denuncia formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El recurso exige investigar y, de ser el caso, sancionar al gerente de campaña de la colectividad, César Giovanny Abadía Rojas, por supuesta infracción del régimen de administración de recursos para campañas electorales.

Uno de los hechos más destacados es la revelación del exconcejal Daniel Briceño sobre el pago en efectivo. De acuerdo con Briceño, la suma destinada al evento fue saldada físicamente, según lo evidenciado en una factura electrónica expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Este proceder iría en contradicción de lo estipulado por el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, que establece la obligatoriedad de gestionar los fondos de campaña exclusivamente a través de una cuenta única bancaria. “El Pacto Histórico pagó los $478’000.000 de la organización de su cierre de campaña en efectivo, eso está prohibido. Violaron la ley”, reclamó en sus declaraciones públicas.

El evento cuestionado coincidió en fechas y logística con otra actividad realizada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud, la cual uso la misma plataforma física: tarima, carpas, baños, sonido, pantallas e incluso los cierres viales y vallas. La única diferencia constatada fue el cambio de banderas y la publicidad política a favor de Iván Cepeda y candidatos afines al Pacto Histórico. Esta similitud en infraestructura y montaje ha sido motivo adicional de interrogantes, pues pone en duda la separación entre recursos estatales y fondos de campaña.

El cubrimiento realizado por EL COLOMBIANO incluyó consultas a miembros del movimiento político. María Fernanda Carrascal, cabeza del Pacto a la Cámara por Bogotá y candidata a la reelección, sostuvo que aunque la empresa productora fue la misma para ambos eventos, se firmaron contratos distintos. Carrascal afirmó que la campaña se financió mediante un préstamo de la cooperativa Confiar y entregó una factura por $568 millones.

Las dudas persisten debido a la falta de claridad sobre la empresa operadora del evento, ya que Carrascal prefirió mantener ese dato reservado, lo que avivó el escepticismo en redes sociales. Además, aunque la congresista aseguró que los fondos provinieron de Confiar a través de un cheque entregado al proveedor, hasta el momento el préstamo no ha sido reportado en la plataforma Cuentas Claras, diseñada para promover la transparencia en la financiación política. Usuarios han señalado esta omisión, la cual aún puede ser subsanada dado que todavía hay plazo para registrar el movimiento ante las autoridades electorales.

El retraso en el reporte de recursos no es exclusivo de este movimiento político; sin embargo, adquiere relevancia por la magnitud y contexto del evento en cuestión. La situación refuerza el debate sobre la opacidad y los posibles excesos en el manejo de fondos de campaña en Colombia, aspecto frecuentemente señalado en la opinión pública y los medios de comunicación nacionales.

¿Qué normas regulan el manejo de recursos en campañas electorales en Colombia?
El régimen de administración de recursos de campaña en Colombia está fundamentado principalmente en la Ley 1475 de 2011, que exige que todos los recursos recibidos y utilizados deben entrar y salir por una cuenta única bancaria destinada exclusivamente a la campaña. De este modo, se busca garantizar la transparencia, trazabilidad de los fondos y el adecuado control por parte de las autoridades electorales, como el CNE. El incumplimiento de estas disposiciones podría acarrear investigaciones administrativas y sanciones para los responsables, en aras de evitar prácticas opacas o ilegales en la financiación política.