Curules de la paz en riesgo: escándalo en la UNGRD amenaza representación de víctimas en el Congreso

El escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue extendiéndose y amenaza con afectar gravemente la representación de los territorios víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Como expuso El Espectador, la reciente investigación y posterior detención de Karen Manrique, representante de Arauca, podría dejar a este departamento sin la curul de paz que fue creada específicamente para las víctimas del conflicto, lo que implica un retroceso en el esfuerzo institucional por dar voz a quienes por décadas estuvieron marginados del proceso político nacional.

Pero las ramificaciones del caso no terminan allí. Según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, la acusación impulsada por el magistrado Misael Rodríguez, que involucra el presunto desvío de más de 92 mil millones de pesos a través de contratos irregulares en la UNGRD a favor de varios congresistas a cambio de apoyos parlamentarios para iniciativas clave del Gobierno, ahora señala también a John Fredy Núñez Ramos, representante de Caquetá. Núñez, quien integraba la comisión económica de la Cámara, habría sido mencionado en testimonios como beneficiario de estos acuerdos, sumando así a la curul de Caquetá a la lista de escaños en riesgo.

Testimonios recogidos durante el proceso, entre ellos el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, aseguran que Núñez fue considerado para ser beneficiario de los ofrecimientos irregulares y que habría mostrado interés en obtener apoyos gubernamentales a cambio de respaldar proyectos que favorecieran a su región. Frente a estas acusaciones, el propio Núñez aseguró públicamente que no participó en la aprobación de créditos clave el 15 de diciembre de 2023, ni habría asistido a reuniones relacionadas con el escándalo, sosteniendo su inocencia.

Sin embargo, la Corte Suprema ha ordenado una compulsa de copias para determinar el grado de responsabilidad de Núñez en el caso. De encontrarse pruebas en su contra, podría enfrentarse no solo a consecuencias judiciales, sino además a la posibilidad de que se aplique la llamada “silla vacía”, figura que impide el reemplazo del congresista investigado, dejando así sin representación a comunidades gravemente afectadas por el conflicto armado colombiano.

La gravedad del asunto se acentúa al observar que Manrique, Manzur y Núñez, tres de los señalados en este escándalo, fueron elegidos nuevamente en el más reciente proceso electoral. Manrique obtuvo la curul de paz por Arauca, Manzur fue elegido al Senado por el Partido Conservador y Núñez se impuso en la cámara territorial de Caquetá representando una coalición entre el Nuevo Liberalismo, ASI y la Alianza Verde, hecho que pone en tela de juicio los procesos de selección y vigilancia ética de los candidatos en estos partidos y alianzas.

En un momento donde la representación política de las víctimas del conflicto es crucial para la consolidación de la paz y la democracia, la posibilidad de perder curules de paz por casos de corrupción representa un golpe severo no solo a la institucionalidad sino a los esfuerzos de reparación y participación política de las comunidades más vulnerables del país. ¿Podrá el Congreso y los partidos enfrentar de manera transparente este reto y garantizar verdadera representación a estas poblaciones?

¿Qué es la “silla vacía” y cómo afecta a la representación política?

La figura de la "silla vacía" es una medida diseñada en Colombia para luchar contra la corrupción en cuerpos colegiados como el Congreso. Consiste en que una vez se comprueba la responsabilidad penal de un congresista por delitos específicos, especialmente ligados a corrupción o vínculos con grupos ilegales, el escaño que ocupaba no puede ser reemplazado por ningún suplente o miembro de su lista. Este mecanismo busca enviar un mensaje contundente en contra de la corrupción, castigando no solo al político sino al grupo o partido que avaló su candidatura.

No obstante, la implementación de la silla vacía tiene repercusiones complejas en la realidad política, especialmente cuando afecta a curules de paz, creadas para que víctimas del conflicto armado tengan voz y voto en el legislativo. Cuando estos escaños quedan vacíos, comunidades afectadas por el conflicto pierden sus representantes y con ello, oportunidades de participación política y defensa de sus intereses en el Estado, lo cual plantea dilemas sobre el equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la reparación integral de las víctimas.