Roberto Prieto y sus líos en la campaña de Samper Presidente

Acusado por el excongresista Otto Bula de recibir dinero de Odebrecht, no es la primera vez que se ve obligado a dar explicaciones.

“Hace 22 años, cuando empezaba el terremoto político-judicial del Proceso 8.000, tuvo que hacerlo después de que el testigo estelar de la Fiscalía, el tesorero de la campaña Samper, Santiago Medina Serna, señalara a su empresa (Radiodifusores Unidos S. A.) de haber participado en cruces de cheques en la empresa electoral”, subrayó El Espectador.

En ese entonces, Roberto Prieto tuvo que explicar a la Fiscalía el origen de los cheques de gerencia y lo que hizo con ellos. También sobre los 30.000 dólares en efectivo que recibió de Medina como abono a la deuda que, para 1994, la campaña Samper Presidente tenía con su empresa y que ascendía a 1.400 millones de pesos, según ese medio.

De esa tormenta salió ileso. Ni siquiera su reputación quedó en entredicho tras el escándalo desatado por el Proceso 8.000.

Roberto Prieto trabaja para Juan Manuel Santos desde 1997. Preparó su camino hacia la presidencia bajo el amparo del gobierno Uribe, hasta que el esperado paso se cumplió en las elecciones de 2010.

No obstante, 4 años después, el expresidente Álvaro Uribe sembró la duda sobre la legalidad de la campaña de Santos al denunciar que al menos 2 millones de dólares del narcotráfico habrían ingresado a la campaña presidencial a través del venezolano J.J. Rendón.

Sin embargo, no fue Uribe quien empezó con los rumores, sino Javier Antonio Calle Serna, uno de los hermanos ‘Comba’, quien junto a Diego Rastrojo, ‘Cuchillo’ y el Loco Barrera adelantaron aproximaciones con Santos entre 2010 y 2011, para someterse a la justicia, recuerda el periodista Daniel Coronell en Semana.

“Ante la Fiscalía (Prieto) testificó que desde el punto de vista contable, los frentes de financiación fueron crédito bancario y aportes de personas naturales. Respecto a estos aportes, añadió que existió siempre un protocolo de análisis bastante riguroso”, reseñó El Espectador.

La Fiscalía archivó la investigación en 2015 por falta de pruebas.