El miedo se apodera de Briceño: enfrentamientos y minas antipersona confinan a decenas de familias

Una grave situación de orden público afecta actualmente al municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia. Durante la mañana del domingo 25 de enero, se registró un fuerte enfrentamiento armado entre dos organizaciones ilegales: el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente la facción comandada por alias “Calarcá Córdoba”. La confrontación entre estos grupos surgió en la zona rural, sumiendo en el temor y la incertidumbre a los habitantes de aproximadamente diez veredas (divisiones menores del territorio rural en Colombia).

De acuerdo con la información revelada por las autoridades locales, la violencia en Briceño ha tenido graves consecuencias para la población civil. Las áreas rurales más afectadas son El Roblal, Gurimán, El Hoyo, Palmichal, La Calera, Pueblo Nuevo, La Mina, La Molina, La América y El Pescado. En estas veredas, los campesinos se han visto obligados a confinarse dentro de sus hogares por la intensidad del fuego cruzado. Además, ya hay constancia de que dos familias han tenido que desplazarse forzosamente hacia la zona urbana del municipio, tratando de buscar refugio frente a la amenaza latente.

Ante la severidad de los choques armados, los organismos de seguridad departamentales convocaron un consejo de seguridad extraordinario hacia las 10:00 de la mañana del mismo domingo. Esta reunión buscaba establecer estrategias inmediatas para contener el riesgo de desplazamientos masivos y brindar protección a la población. Sin embargo, hasta ese momento, la fuerza pública no había logrado ingresar a las zonas afectadas de Briceño ante la imposibilidad de tomar control efectivo sobre el territorio.

El contexto es aún más complicado por los obstáculos que enfrenta la intervención estatal. Según William Londoño, secretario de Gobierno del municipio de Briceño, los riesgos para el ingreso de las autoridades, y en particular del Ejército Nacional, derivan principalmente de la presencia de minas antipersona instaladas en los caminos rurales. Este peligro ha impedido la llegada de la fuerza pública, mientras la confrontación entre estructuras armadas ilegales se prolonga.

Organizaciones sociales, en especial la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), han advertido que los enfrentamientos llevan más de 24 horas ininterrumpidas desde la tarde del sábado 24 de enero. A pesar de la gravedad y la extensión temporal de este episodio de violencia, hasta ahora los voceros oficiales del departamento de Antioquia no han emitido un pronunciamiento concreto sobre lo ocurrido ni sobre las acciones para proteger a la población civil.

Este nuevo episodio de violencia ocurre tan solo un día después de un hostigamiento armado registrado en la base militar de Bomboná, en el municipio vecino de Anorí, también en Antioquia. Según las fuentes del artículo, el ataque, atribuido igualmente a hombres armados relacionados con el Clan del Golfo, no dejó heridos entre civiles ni militares, pero contribuye a la creciente tensión en la región.

Estos hechos reflejan la complejidad de la situación de seguridad en el norte antioqueño, donde la población civil queda atrapada entre grupos armados ilegales y la falta de garantías para su protección.

¿Por qué la presencia de minas antipersona dificulta la intervención de la fuerza pública?

El uso de minas antipersona, explosivos ocultos en el terreno que pueden detonarse con el paso de personas o vehículos, representa una amenaza letal tanto para civiles como para miembros de la fuerza pública. En situaciones de enfrentamiento como la de Briceño, la presencia de estos artefactos no solo incrementa los riesgos para quienes intentan desplazarse, sino que también impide una respuesta oportuna de los organismos de seguridad.

Esta táctica empleada por grupos armados ilegales busca frenar el avance de las autoridades, dificultando la llegada de ayuda humanitaria y limitando la capacidad del Estado para restablecer el orden. Por esto, la remoción de minas antipersona es un proceso complejo, que requiere tecnología especializada y protocolos de seguridad para minimizar los riesgos y proteger la vida de los habitantes y del personal militar.