Desconfianza en la "paz total": mayoría de colombianos ve fracaso y teme regreso a la violencia

De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta de Invamer —realizada en el marco del estudio Colombia Opina— la percepción ciudadana frente a la política de paz total liderada por el gobierno de Gustavo Petro muestra señales de pesimismo e inquietud. Según el sondeo que incluyó a 3.800 personas, el 68,5 % de los colombianos considera que el proceso de paz total avanza por una mala ruta, mientras que solo el 28,5 % mantiene una expectativa favorable. Este sentir se intensificó tras el escándalo suscitado por los archivos digitales de Calarcá Córdoba, jefe de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que reveló nexos polémicos entre fuerzas estatales e inteligencia, como lo documentó El Espectador.

La encuesta también indaga sobre la eficacia de las mesas de diálogos de paz implementadas por el Gobierno con distintos grupos armados. A tan solo seis meses de finalizar la administración Petro, la mitad de los encuestados (50,8 %) muestran escepticismo, considerándolas incapaces de producir resultados concretos; un 24 % cree que tendrán consecuencias negativas y solamente el 21,8 % mantiene algo de esperanza en un desenlace positivo. Este balance crítico se acentúa desde comunidades particularmente afectadas por la violencia, donde no solo se reclama por la ausencia de resultados, sino también por la falta de participación directa en las conversaciones de paz.

Ejemplo de lo anterior lo dieron organizaciones provenientes de Chocó, las cuales viajaron hasta Miami el 20 de noviembre para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la violencia del Clan del Golfo continúa sin freno y que las comunidades no han sido incluidas suficientemente en la mesa de negociación. Este grupo armado, considerado el mayor de Colombia, ilustra la persistencia de desafíos para el Estado, aun cuando las negociaciones continúan.

El estudio de Invamer añade que el 73,7 % de los participantes percibe que tanto el Estado como las Fuerzas Armadas han perdido control en los territorios donde operan estos grupos armados. Además, el 66,2 % afirma sentirse menos seguro tras la implementación de la paz total, lo que ha reforzado la crítica de que los diálogos políticos han ralentizado o limitado la acción de la Fuerza Pública.

Pese a este ambiente, el gobierno ha cambiado de estrategia, dando paso a operaciones ofensivas tras la dificultad de conseguir avances en las negociaciones. Entre julio de 2024 y noviembre de 2025 se efectuaron trece bombardeos: once impactaron infraestructuras del Estado Mayor Central en diversas regiones; dos afectaron al Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; y uno contra líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca. No obstante, uno de estos bombardeos suscitó controversia: en Guaviare, siete menores de edad perdieron la vida, lo que reabrió el debate sobre el respeto a los derechos humanos, sobre todo en zonas donde existe reclutamiento infantil.

Un dato relevante de la encuesta señala que un 61,9 % continúa confiando en la capacidad de la Fuerza Pública para derrotar a las guerrillas, aunque este resultado es previo a la filtración de los archivos de la disidencia. Según la Fundación Ideas para la Paz, dicha filtración evidenció dos riesgos para el aparato militar: la salida de oficiales clave, que debilita la memoria institucional, y la reducción del presupuesto, hecho que ha limitado el desarrollo tecnológico y la ciberinteligencia.

Por otra parte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay en junio pasado evocó recuerdos de los picos de violencia en los años ochenta y noventa. Si bien líderes sociales llaman a evitar paralelismos, el 61,5 % opina que el país está cerca de recaer en esos ciclos de violencia, lo que subraya tanto el escepticismo como la urgencia de mostrar avances en la política de paz total.

De acuerdo con estos hallazgos, el Ejecutivo enfrenta la presión de probar que todavía puede lograr resultados tangibles en materia de paz y seguridad, mientras persisten dudas sobre la estabilidad institucional y la protección de los liderazgos políticos.

¿Qué es el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), y por qué es relevante en el contexto de la seguridad en Colombia? El Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) forma parte de las disidencias armadas surgidas tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su importancia radica en la capacidad de agrupar y coordinar acciones de diversos frentes y bloques que, si bien se consideran fuera del proceso de paz, siguen ejerciendo control territorial y protagonizan situaciones de violencia. La investigación periodística publicada por El Espectador sobre los archivos de Calarcá Córdoba, líder del EMBF, puso en entredicho las relaciones entre algunos estamentos oficiales y actores armados, lo cual atizó el debate sobre la estrategia y la eficacia estatal en la lucha por la paz y la seguridad nacional.