Tres EPS intervenidas por el Gobierno, en el ojo del huracán por presunto 'cartel de pagos'

Tras el nombramiento de siete nuevos interventores por parte de la Superintendencia de Salud, la revista Cambio reveló correos, contratos y asesorías que serían algunas de las pruebas de cómo se configuró una red, presuntamente liderada por Mario Urán —un poderoso lobbista respaldado por algunos funcionarios del Ejecutivo— para intermediar en los pagos y beneficiar a las IPS que les prestan sus servicios a tres EPS que ahora están siendo investigadas.

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Según una denuncia del exsuperintendente Luis Carlos Leal —cuya salida tomó por sorpresa al sector— las EPS Emssanar, Asmet Salud y SOS están siendo investigadas, pues harían parte de una “presunta confabulación liderada por un particular, el señor Mario Andrés Urán, a través de su cargo de asesor en Coosalud, para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS. Además, por la concentración de pagos en ciertas IPS sin la debida justificación de estos y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud”.

Incluso, se alcanzó a decir que Urán era supuestamente uno de los responsables de la salida de Leal, pues tendría conexiones con poderosos funcionarios de la Casa de Nariño.

Según la revelación de Cambio, en Emssanar, Asmet Salud y SOS EPS hay 20 contratos que vinculan a Mario Andrés Urán de forma directa, y también a través de personas que serían cercanas a ese poderoso lobbista, como Indira Ocando Britto y Tony Negrette, también señalados por la Superintendencia de Salud.

Ese medio habló con varias fuentes al interior de las EPS y del sector salud, quienes señalaron que “los recursos que se les giran a las EPS intervenidas se usan para gastos corrientes, atención y prestación de servicios. Si después de esos gastos alguna plata les sobra, la pueden utilizar para pagar obligaciones anteriores o deudas que provocaron la intervención. El problema es que a ninguna EPS le alcanza la plata que le giran, ni siquiera para costear la mera atención salud. Por cada peso que recibe una de estas empresas, se gasta 1,5 atendiendo a sus usuarios”, dice un experto a ese medio.

Para poder cumplir con los pagos, por ejemplo a las IPS, deben hacerse unas postulaciones. Cada mes el agente interventor fija quiénes son sus acreedores y cómo distribuirá el recurso que el Gobierno le gira para poder pagarles.

Después de hacer esa postulación, el interventor envía la información a dos validadores y ahí está uno de los puntos clave de la denuncia: la Superintendencia de Salud recibe la información y también una firma del dominio de la EPS. Después de las revisiones, la Adres (Administradora de los recursos del sistema de salud) ordena el desembolso de los dineros.

Pero, según la investigación, con las tres EPS intervenidas no estaba ocurriendo sino que se habrían presentado pagos con porcentajes más altos a algunos prestadores y a otros se les dejó de cumplir con los compromisos.

Se sabe que los prestadores del servicio de salud han buscado a asesores como Mario Andrés Urán para que intermedien y logren que en las postulaciones de las EPS se les agilice el pago y el monto sea mayor.

¿Quién es Mario Urán?

Su carrera en el sector inició en 1996 en la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, en donde trabajó hasta 2004. Ese año se fue a trabajar en la administración de Lucho Garzón en Bogotá (que gobernó entre 2004 y 2007) y en donde llegó a ser subsecretario de Salud. En esa Alcaldía estuvo hasta 2006, pues de allí dio el salto a trabajar en poderosas e influyentes farmacéuticas.

Se trata de la suiza Roche, en donde fue gerente de asuntos corporativos entre 2006 y 2010. En ese año, menos de un mes de salir de Roche, llegó a ser director de la liquidada EPS Caprecom, la que llegó a ser la aseguradora más grande dentro del régimen subsidiado de salud, en donde estuvo hasta 2012. Caprecom entró en liquidación luego de un desfalco que le dejó millonarias deudas con instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) privadas y públicas.

Para 2020, Urán era el gerente comercial del laboratorio farmacéutico Lafrancol, empresa dedicada a la fabricación de medicamentos genéricos en la región, según informó en ese año la alianza de medios La Liga Contra el Silencio.

Según investigaciones de la Procuraduría General de la Nación en ese entonces, encontraron evidencias de que se desviaron cerca de $4 billones para pagar cuentas médicas no auditadas, que desaparecieron inventarios de medicamentos y que se desembolsaron recursos a organizaciones de trabajo vinculadas a una misma persona.

Mientras estaba en la multinacional Roche, Urán impulsó en 2009 los enlaces para que el Estado le comprara 426.000 dosis de Tamiflu, un medicamento que supuestamente servía para el tratamiento de la gripa porcina (también conocida como A-H1N1). Por esas dosis, se pagó la suma de $16.000 millones. No obstante, como el impacto del virus no tuvo la gravedad que se había pronosticado, la mitad de esos artículos se vencieron.

De hecho, en 2014 se conoció por una investigación que hizo la oenegé inglesa Cochrane Collaboration que el Tamiflu, en realidad, no tenía impacto significativo en el virus que alertó al mundo entre 2009 y 2010, tras un brote en México y Estados Unidos.

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Dos fuentes que conocen el sistema aseguraron que Urán es un lobista de peso en el sector salud que tiene amigos poderosos en la política y habría logrado acercarse a Palacio. La pregunta es si Leal estaba siendo lo suficientemente independiente del poder en Casa de Nariño y se convirtió en un personaje incómodo por los intereses de cara a los consensos que necesita el Gobierno en el juego político por la reforma. “Urán estuvo en Caprecom, luego en Roche en donde hacía lobby y en eso se mantuvo varios años. Tiene amigos poderosos en el Congreso”, dijo la fuente.