Gobierno dice que curules para víctimas sí fueron aprobadas; congresistas, que no

Las partes no están de acuerdo en el número de senadores a partir del cual se conforma la mayoría para aprobar la reforma constitucional.

El Senado está conformado por 102 parlamentarios y como la iniciativa tuvo 50 votos, el secretario de esa entidad, Gregorio Eljach, dijo que el proyecto no podía ser aprobado porque le hizo falta un voto, según registró el Senado en un comunicado.

Sin embargo, el ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el quórum para aprobar el informe de conciliación se debía establecer sobre 99 senadores y no a partir de 102.

Esto porque los senadores oficialistas Musa Besaile y Bernardo Elías están presos por corrupción. Además, tampoco está el senador Martín Morales, procesado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Esto significa que están suspendidos bajo la figura de la “silla vacía” y no pueden ser reemplazados.

El ministro envió una carta al Senado, en la que expone dos precedentes y solicita que la discusión se resuelva con la aprobación inmediata del proyecto.

[Lea la carta del ministro: Parte 1 – Parte 2 – Parte 3]

Por lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que estudiará el concepto del Gobierno.

¿De qué trata la reforma?

Las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes, pactadas en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ,  funcionarán a partir de 2018, serán por dos periodos legislativos y estarán destinadas a las víctimas del conflicto, indígenas y campesinos.

Según la iniciativa gubernamental, solo podrán votar y ser candidatos las personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido desplazadas y estén en proceso de retorno.

Entre los que se pueden inscribir como candidatos para estos escaños transitorios figuran grupos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios y resguardos indígenas legalmente constituidos, entre otros.

Las circunscripciones fueron escogidas con base en cuatro criterios: grado de afectación derivado del conflicto, presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas, niveles de pobreza y debilidad institucional.

Con información de: EFE