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La Corte Constitucional dejó sin efecto el decreto mediante el cual el presidente había declarado una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
Este dos de octubre, la Sala Plena del alto tribunal declaró inexequible el documento y concedió efectos diferidos a esta decisión por el término de un año para la crisis relacionada con agua. Brindó un año para que el Congreso y el Gobierno regulen la crisis humanitaria por el recurso en la región.
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Es decir, el decreto no se caerá de inmediato, sino que seguirá vigente hasta el dos de julio de 2024. Después de esa fecha, el Gobierno no podrá mantener las medidas allí establecidas y, por ejemplo, desde esa fecha miles de personas pagarán menos por la factura de luz, que había subido por el decreto.
Del mismo modo, durante un año, la administración que lidera Petro podrá seguir haciendo uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones para la intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico en La Guajira.
Hace un mes, la Procuraduría envió un concepto al alto tribunal sobre este decreto, pidiendo tumbarlo porque, según advirtió, es inconstitucional porque son hechos que pueden ser atendidos y solucionados bajo otros métodos, como una buena gestión administrativa.
El decreto que tumbó la Corte Constitucional incluyó en las facturas de energía eléctrica un valor denominado “Aporte Departamento de La Guajira”, de $ 1.000 por recibo, que debían pagar obligatoriamente los usuarios de estratos 4, 5 y 6.
Para usuarios comerciales e industriales, el cargo era de $ 5.000. Con esto, el Gobierno buscaba recaudar más de $ 51.000 millones. Ese pago no irá más, desde julio del próximo año.
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