Corte Constitucional bajo la lupa: ¿Puede Petro sostener la emergencia económica entre críticas y riesgo fiscal?

La declaración de emergencia económica expedida por el Gobierno de Gustavo Petro, orientada a cubrir un déficit presupuestal de al menos 16,3 billones de pesos, ha provocado una aguda controversia en el panorama político colombiano. El decreto, calificado como el “decreto madre” de la emergencia, surge en el contexto de una coyuntura electoral marcada y tras la negativa del Congreso a aprobar la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo. Al respecto, sectores de la oposición, principalmente representados por las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal del Centro Democrático, han elevado reclamos formales ante la Corte Constitucional. Ambas legisladoras solicitan que este máximo tribunal analice de manera extraordinaria el alcance jurídico de la medida, insistiendo en que la decisión carece de justificación conforme a lo exigido por la Constitución.

Según manifestaciones recogidas por El Espectador, las críticas de la oposición se centran en la afirmación de que la emergencia económica no responde a una catástrofe imprevista, sino al resultado de una gestión deficiente de los recursos públicos y un manejo improvisado de las cuentas del Estado. Cabal incluso elevó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, sosteniendo que el Gobierno no cumplió los requisitos estipulados en el artículo 215 de la Constitución Política. Además, resaltó que no es procedente utilizar la emergencia económica como mecanismo para revertir decisiones legislativas legítimas ni para substituir al Congreso en su función deliberante sobre nuevas cargas impositivas para los ciudadanos.

En similar tono, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, enfatizó que la medida podría interpretarse como una "usurpación" de atribuciones del Congreso. Cepeda subrayó que la maniobra del Gobierno —adoptada durante el receso judicial y de la Corte Constitucional— representa un intento por instaurar indirectamente disposiciones que el Legislativo ya había reprobado por los canales ordinarios. Todo esto se da luego de que el Congreso aprobara un presupuesto para 2026 que, si bien contempla gastos por 547 billones de pesos, dejó sin respaldo financiero el faltante de más de 16 billones.

El presidente Petro, por su parte, defendió vehementemente la decisión y atribuyó la crisis fiscal a las deudas heredadas de administraciones precedentes. Según lo plantea en sus declaraciones, si la Corte Constitucional llegase a anular de nuevo una declaración de emergencia económica, podría desencadenarse una crisis aún más profunda. Petro advierte que ello elevaría el riesgo país y afectaría la sostenibilidad de la deuda pública, adoptando un discurso de advertencia más que uno de amenaza explícita.

En el trasfondo de este debate se encuentra el uso de la figura TES —Títulos de Tesorería, instrumentos de deuda pública— y la búsqueda de recursos mediante inversionistas extranjeros, con los que el gobierno calcula obtener hasta 23 billones de pesos. Mientras el Ejecutivo justifica esta estrategia para cerrar el déficit, la oposición sostiene que representa un riesgo adicional y lodavia más cuestiona en virtud del momento electoral. Todo ello incrementa la expectativa acerca de los futuros decretos que desarrollarán la emergencia y del proceder de la Corte Constitucional, cuya respuesta será clave para trazar el rumbo institucional del país en un etapa decisiva.

¿Qué implica que la Corte Constitucional convoque una sesión extraordinaria para analizar la emergencia económica?
El llamado a que la Corte Constitucional examine con prontitud el decreto madre de la emergencia económica cobra importancia porque el tribunal es el encargado de garantizar la constitucionalidad de las actuaciones del Ejecutivo. En situaciones de emergencia, la Corte debe verificar que se cumplan rigurosamente los requisitos previstos en el artículo 215 de la Constitución, que estipula los parámetros y limitaciones para decretar estados de excepción en Colombia.

Esta revisión no solo tendría repercusiones en la viabilidad del paquete de medidas decretadas, sino también en la estabilidad institucional de la nación. Si la Corte anula la declaración de emergencia, el Gobierno tendría que buscar alternativas dentro del marco ordinario, lo que podría alargar la incertidumbre fiscal y política. Por ello, la reacción del tribunal se ha convertido en un tema central del debate público y político, particularmente relevante cuando el país transita por un proceso electoral tan sensible.