Descubren nuevos lugares de explotación de menores; les prometen techo y comida, en Bogotá

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Se trata de varios moteles e inquilinatos de las localidades de Santa Fe y Kennedy, que fueron descubiertos por las autoridades.

Por eso, la Fiscalía los embargó, con fines de extinción de dominio, al descubrir que se aprovechaban de la condición de vulnerabilidad de menores de edad y les ofrecían alojamiento y comida, a cambio de prestar servicios sexuales.

Es resultado de una investigación encubierta, que desarrolló la Policía Nacional desde el año pasado en Bogotá.

Las sanciones se aplicaron en dos moteles, un inquilinato, una casa y tres establecimientos de comercio, donde se falsificaban los documentos de identidad de las menores de edad, con el fin de evadir los controles de las autoridades. En estos se señalaba que las mujeres eran extranjeras.

En total, se desarticularon dos redes criminales llamadas ‘Las Arandias’ y ‘Los Coteros’, y capturaron a 17 personas por los delitos de estímulo a la prostitución y trata de personas. Además, se pudo rescatar a 10 víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 17 años.

Las menores quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para la restitución de sus derechos.

“El trabajo investigativo que se adelantó de manera coordinada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJÍN de la Policía de Bogotá, permitió establecer que ‘Los Coteros’, al parecer, dispusieron de un local comercial en Kennedy, para someter a mujeres a tratos crueles e indignos.

Las víctimas presuntamente eran obligadas a sostener relaciones íntimas durante largas jornadas y serían amenazadas con quedarse sin alimentación o recibir multas si no accedían a los propósitos sexuales de otras personas”, dijo Liliana Patricia Donado, directora especializada de extinción del derecho de dominio, de la Fiscalía General.

Los bienes sujetos de la medida tienen un valor comercial superior a los $3.500 millones. De acuerdo con la Policía Nacional, en lo corrido del año se ha logrado la captura de 3.225 personas por delitos contra libertad, integridad de niños, niñas y adolescentes.

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