ELN “condena” a funcionarios secuestrados en sus propios juicios: el drama oculto tras el silencio y la impunidad

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mantenido en cautiverio, por más de un año, a cuatro funcionarios del Estado colombiano: dos agentes de policía y dos integrantes de la Fiscalía. Según información difundida por El Colombiano, estos servidores públicos han sido sometidos a supuestos "juicios internos" donde recibieron condenas que van hasta los 60 meses de detención. Las organizaciones humanitarias y autoridades estatales han denunciado de manera reiterada la ilegalidad de esta práctica, poniendo de manifiesto el profundo impacto que tiene sobre las víctimas y sus familias, así como la instrumentalización del secuestro como mecanismo de presión política.

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, habrían sido “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. A la par, los policías Frankie Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza habrían recibido condenas de 36 meses. Las imágenes difundidas del proceso muestran a miembros del ELN con el rostro cubierto y portando los emblemas del grupo, en una puesta en escena que pretende legitimar su accionar y captar atención mediática.

De acuerdo con inteligencia estatal, los secuestradores responden a las órdenes de William Ernesto Cruz López, conocido como alias Cendales, jefe militar del Frente de Guerra Oriental en el departamento de Arauca y veterano en esa organización armada. Por su captura se han ofrecido hasta 500 millones de pesos en recompensa. El poder de alias Cendales revela la estructura y el alcance del Frente de Guerra Oriental, cuya influencia trasciende varias regiones de Colombia —Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía, Casanare— y áreas de Venezuela, como Apure, Táchira y Amazonas.

La estructura del Frente abarca más de 1.000 combatientes, distribuidos en varias unidades como el Frente Domingo Laín Sáenz y el Batallón Héroes y Mártires, este último considerado el ala de mayor movilidad. Además, otras compañías y frentes actúan en territorios limítrofes y adoptan nombres que refuerzan la identidad interna del ELN al recordar a miembros caídos.

En este contexto, distintas voces institucionales han exigido la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios secuestrados. La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia han recordado que la Constitución colombiana determina que solo jueces y organismos del Estado están facultados para juzgar a una persona, deslegitimando las acciones del ELN en ese sentido. Iris Marín, defensora del Pueblo, rechazó la práctica del “juicio revolucionario” y exigió atención directa a las familias de las víctimas, remarcando la ausencia de fundamento legal y ético para tales actos.

Mientras los canales humanitarios siguen abiertos y numerosas instituciones expresan rechazo, la respuesta del ELN se mantiene en silencio. El panorama actual es incierto, sobre todo porque el proceso de diálogo de paz con el Gobierno se encuentra suspendido y no hay señales claras de solución próxima para los cautivos ni sobre un posible avance en las negociaciones.

¿Por qué el ELN utiliza “juicios internos” contra sus secuestrados?

El uso de “juicios internos” por parte del ELN busca conferir un matiz de legitimidad a prácticas como el secuestro, presentando estos actos ante la opinión pública como si respondieran a un supuesto ordenamiento interno o a criterios de justicia revolucionaria. Sin embargo, según las autoridades y la Defensoría del Pueblo, esta estrategia no tiene sustento en el derecho colombiano ni en los principios humanitarios internacionales, constituyéndose en una flagrante violación a los derechos humanos.

Este tipo de acciones genera preocupación en distintos sectores de la sociedad, ya que prolonga el sufrimiento de las víctimas y sus allegados, dificulta la confianza hacia procesos de paz y obstaculiza la reconstrucción del tejido social en las regiones donde el ELN ejerce su influencia con prácticas de violencia sistemática.