El gobierno elimina la prima especial de congresistas: así cambiarán sus salarios a partir de 2026

El Gobierno nacional anunció, a través del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, una transformación significativa en el régimen salarial de los congresistas colombianos. Con esta medida, el Ejecutivo puso fin a la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República, la cual había sido establecida con el Decreto 2170 de 2013. La implementación de este ajuste será efectiva a partir del 20 de julio de 2026, fecha de inicio del nuevo periodo legislativo, según informó El Diario.

El documento expedido, que lleva las firmas del presidente de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, fundamenta esta decisión en criterios constitucionales, de equidad salarial y de responsabilidad fiscal. De acuerdo con los considerandos del decreto, la regulación previa debía revisarse a la luz de la evolución normativa y la actualidad económica del país, con el fin de preservar la viabilidad fiscal y propiciar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La prima especial de servicios, introducida en 2013, reemplazó a las primas de salud, localización y vivienda y su valor inicial fue de $7.898.445, monto que aumentaba anualmente en proporción a la asignación básica de los congresistas. Este beneficio se empleaba también como un componente para calcular otras prestaciones legales. Ahora, la supresión de dicha prima afecta únicamente a quienes resulten elegidos y tomen posesión de sus cargos a partir de julio de 2026, es decir, no tendrá efecto retroactivo sobre quienes ya estén ocupando estas dignidades.

El decreto enfatiza, además, que la eliminación de la prima no desconoce derechos adquiridos ni vulnera garantías constitucionales. Se establece que el principio de no desmejoramiento salarial, aunque fundamental dentro de la Constitución, no es absoluto. Así, se respaldan en fallos de la Corte Constitucional que avalan la posibilidad de limitar ciertos derechos sociales por razones justificadas en el marco de la Carta Magna.

Al justificar la medida, el Gobierno señaló en el decreto que la retribución de los congresistas es desproporcionada respecto al ingreso promedio nacional y a la coyuntura económica, lo cual respalda la decisión de redefinir el esquema salarial hacia adelante. De igual manera, se ratifica que el artículo 187 de la Constitución Política contempla que el salario de los congresistas se reajuste cada año, pero advierte que tal ajuste debe ser viable desde lo fiscal y consistente con los principios de igualdad y eficiencia en el gasto estatal.

El documento oficial precisa que la labor congresional no está categorizada como de alto riesgo, y que todos los miembros del Congreso ya disponen de una cobertura integral bajo el Sistema General de Seguridad Social en salud y riesgos laborales. Estos factores resultaron determinantes al considerar innecesaria la continuidad de primas adicionales específicas.

En cuanto a la aplicación, el decreto revoca explícitamente el Decreto 2170 de 2013 y estipula que sus consecuencias fiscales se aplicarán al Congreso que se posesione en 2026. Además, otorga al Departamento Administrativo de la Función Pública la exclusividad para emitir conceptos en temas salariales y prestacionales, evitando que entidades ajenas interpreten o intervengan en esta materia.

La decisión del Gobierno, según el texto oficial, constituye un paso dirigido a racionalizar el gasto público y a fomentar una mayor austeridad estatal. Estas acciones buscan asegurar la equidad y la sostenibilidad fiscal, propósito alineado con los ejes marcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

¿Qué es la prima especial de servicios para congresistas?

La prima especial de servicios fue una asignación salarial creada en 2013 para los congresistas, que reemplazaba anteriores primas relativas a salud, localización y vivienda. Su objetivo consistía en unificar y establecer un único pago adicional al salario base, el cual también servía como referencia para determinar otras prestaciones laborales. La eliminación de este beneficio representa un ajuste relevante en la estructura de remuneración de quienes conformen el Congreso a partir de 2026. Además, la medida refleja una preocupación creciente por mantener el equilibrio entre las condiciones laborales de los altos funcionarios y la realidad económica del país.

Este cambio ha generado preguntas entre la ciudadanía sobre su impacto en las finanzas públicas y el ejemplo que envía en términos de equidad salarial entre los diferentes sectores del Estado. La discusión sobre tópicos como la prima especial de servicios permite, además, examinar cómo la administración pública responde a la necesidad de reorientar el gasto, garantizando al mismo tiempo las condiciones adecuadas para el ejercicio de la función legislativa.