El Congreso colombiano podría perder su millonaria prima de servicios: ¿justicia salarial o populismo?

Dentro del panorama político colombiano para 2025, destaca una decisión que podría cambiar significativamente la estructura salarial del Congreso: la posible eliminación de la prima de servicios de los congresistas, según confirmó Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Esta iniciativa, que aún espera su oficialización, forma parte de una serie de reformas impulsadas por el gobierno encabezado por Gustavo Petro. El ministro Sanguino ha enfatizado que esta modificación es, en sus palabras, “un acto de justicia” más que una simple restricción, refiriéndose a la prima como “un regalazo” otorgado durante la administración de Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda.

La discusión pública surgió tras la filtración de un borrador de decreto que delimita la eliminación del beneficio para quienes inicien su periodo en el Congreso a partir del 20 de julio de 2026, luego de las elecciones previstas para el 8 de marzo de ese año. Actualmente, la prima representa alrededor de 16.914.540 pesos mensuales, por lo que la desaparición de este incentivo llevaría los ingresos de los senadores y representantes de una cifra cercana a los 52 millones de pesos mensuales a aproximadamente 35,7 millones de pesos. Esta reducción sustancial ha generado diversas reacciones dentro y fuera del Legislativo.

Varias figuras políticas han respaldado la propuesta del Gobierno Nacional, aunque todavía no se ha oficializado. Entre las voces de apoyo está la senadora Angélica Lozano, quien recordó que en 2023 el Senado aprobó la eliminación de la prima, aunque el proyecto no superó el trámite en la Cámara de Representantes. Lozano subrayó la viabilidad de la medida, recordando que un decreto puede derogar otro previo que otorgara el beneficio en 2013.

Por su parte, uno de los senadores con mayor respaldo electoral, Jota Pe Hernández (Jonathan Ferney), se atribuyó haber planteado la eliminación como vía para ajustar a la baja el salario de los congresistas. Hernández espera que el actual gobierno concrete finalmente la supresión de la prima, una sugerencia que ya había planteado en el pasado.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, también instó al presidente Petro a materializar la eliminación de la prima, describiéndola como una medida de justicia social y ética pública, y enfatizando que su adopción no debería entenderse como populismo, sino como una corrección necesaria en el ámbito de la función pública.

La prima de servicios para los congresistas fue implementada por el Decreto 2170 de 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El objetivo original del beneficio era compensar los gastos de traslado para los parlamentarios que no residen de manera permanente en Bogotá. Sin embargo, el beneficio ha sido objeto de críticas recurrentes desde su creación, especialmente en torno a la equidad y el uso de fondos públicos en Colombia, como ha documentado la prensa nacional (El Colombiano).

Esta discusión, que ha elevado el debate público sobre el salario de los congresistas y la justicia distributiva, se suma a otras decisiones gubernamentales recientes sobre el salario mínimo y la estructura salarial pública, temas que continúan en la agenda legislativa y mediática.

¿Por qué la prima de servicios genera tanto debate en la opinión pública? - La prima de servicios ha sido motivo de controversia principalmente porque toca un tema sensible para la ciudadanía: la equidad en el salario de los servidores públicos frente a la realidad económica del país. Dado el significativo monto del beneficio y la función pública que cumplen los congresistas, muchos ciudadanos y actores políticos consideran que este tipo de incentivos desproporcionados no se justifican, especialmente cuando el país enfrenta retos económicos y sociales. Por ello, la eliminación propuesta no solo tiene repercusiones en la nómina legislativa, sino que también representa un mensaje simbólico sobre la austeridad y el manejo responsable de los recursos públicos.

Al analizar la raíz y la evolución de la prima, se observa cómo las decisiones tomadas por anteriores gobiernos pueden ser revaluadas bajo nuevos contextos sociales y políticos. En este caso, el debate no solo gira en torno a cifras, sino también a la legitimidad y aceptación social de los privilegios que históricamente ha tenido la clase política, planteando la pregunta sobre cuáles deberían ser los límites éticos y materiales del servicio legislativo.