“El Gobierno reta a bandas armadas de Buenaventura: no intervengan en las elecciones del 8 de marzo”

A escasos días de celebrarse las elecciones legislativas en Colombia, la atención se ha volcado sobre Buenaventura, el principal puerto del suroccidente nacional. La Delegación del Gobierno Nacional en el Espacio Socio Jurídico de Buenaventura ha dirigido un contundente llamado a los principales grupos armados ilegales que operan en la región, instándolos a abstenerse de involucrarse en la jornada electoral prevista para el 8 de marzo. El pronunciamiento, según información suministrada por Diario Occidente, responde al crecimiento de la preocupación social ante el riesgo de interferencias violentas que puedan alterar el curso democrático en este punto estratégico del Valle del Cauca.

En concreto, la petición va dirigida a las bandas conocidas como “Los Shottas”, “Los Espartanos” y “Los Chiquillos”. Estos grupos han establecido una presencia significativa en zonas urbanas de Buenaventura y, en el marco de la política de Paz Urbana impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mantienen mesas de diálogo con autoridades para explorar salidas pacíficas al conflicto. La aspiración central de la Delegación es que los habitantes de Buenaventura cuenten con condiciones de tranquilidad y libre ejercicio de sus derechos políticos durante los comicios.

La solicitud oficial fue presentada por Fabio Cardozo, jefe del Espacio Socio Jurídico, mediante un comunicado. Allí se fundamenta la exigencia en la política pública de paz —amparada en la Ley 2272 de 2022— y recuerda que mediante la Resolución Presidencial 211 de 2023, tanto “Los Shottas” como “Los Espartanos” recibieron reconocimiento formal dentro de un proceso que busca abrir vías de diálogo con las organizaciones ilegales en los territorios. Esta formalización es clave para entender el alcance de la interlocución entre el Estado y los actores armados.

De acuerdo con el documento, el objetivo inmediato de este pronunciamiento es blindar el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de la población bonaverense. El Gobierno enfatizó la necesidad de que las estructuras armadas expresen, de manera pública y verificable, su compromiso con el principio de no interferencia no solo en las elecciones legislativas, sino también en otras jornadas electorales como las presidenciales, las consultas interpartidistas y la elección de Juntas de Acción Comunal. Esta petición, además, involucra el respeto irrestricto por la vida y la integridad de todas las comunidades de la zona.

Adicionalmente, el contexto de esta convocatoria gubernamental incluye el balance reciente de avances en materia de Paz Urbana, luego de un encuentro de seguimiento con organizaciones sociales y actores institucionales en Buenaventura. En dicho encuentro se socializaron los progresos y se definieron nuevos compromisos que permitan consolidar la protección ciudadana frente a los desafíos que representan las bandas armadas en el contexto electoral. Los próximos días serán determinantes para verificar si estas estructuras, cuya influencia ha marcado la vida de los habitantes del puerto, adoptarán un compromiso formal que ayude a preservar la calma y la legitimidad del proceso democrático.

¿Qué implica la política de Paz Urbana en Buenaventura?
La política de Paz Urbana, mencionada en el texto y sustentada en la Ley 2272 de 2022, constituye un mecanismo oficial diseñado para promover el diálogo entre el Estado y actores armados que operan en áreas urbanas como Buenaventura. Su propósito principal es construir acuerdos que reduzcan la violencia y garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía. En el contexto electoral, esta política busca que los grupos armados respeten el ejercicio político sin restricciones ni represalias.

El reconocimiento formal de organizaciones como “Los Shottas” y “Los Espartanos” dentro del marco legal revela la complejidad de la paz territorial en Colombia, donde el diálogo institucional se convierte en una estrategia fundamental. La consolidación de esta política podría influir de manera significativa en la protección de los derechos políticos durante las elecciones y en la consolidación de escenarios menos violentos para las comunidades afectadas históricamente por el conflicto.