Curules de paz, ¿vocerías de las víctimas o nueva maquinaria política? Así llegan a su última elección

El próximo 8 de marzo se llevará a cabo, por última vez, la elección para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz (Citrep), conocidas también como curules de paz. Este proceso tiene lugar en 168 municipios que han sido duramente golpeados por el conflicto armado colombiano y, aunque fue concebido en el Acuerdo de Paz de 2016 para asegurar la participación política efectiva de las víctimas, su implementación ha estado marcada por una serie de desafíos estructurales y políticos. Según El Espectador y el informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el trayecto de las Citrep al Congreso estuvo precedido por cinco años de espera tras la firma del acuerdo, limitaciones presupuestales, falta de pedagogía estatal y diferencias en la experiencia de quienes finalmente ocuparon estos escaños.

El análisis de la FIP resalta que, aunque se intentó consolidar una ‘bancada de paz’, la diversidad de trayectorias y capacidades técnicas entre los representantes obstaculizó una agenda común. Los perfiles varían desde líderes campesinos hasta representantes con lazos familiares en la política tradicional o incluso con antiguos actores armados. Muestra de ello es Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, quien busca la reelección. Además, el desempeño legislativo también presenta notables diferencias: mientras algunos representantes han presentado centenares de proposiciones, otros apenas han participado, resultado también de su asignación a distintas comisiones en el Congreso donde la agenda de paz tiene mayor o menor protagonismo.

Uno de los retos centrales identificados es el riesgo de cooptación política. Algunos representantes han terminado influenciados por partidos tradicionales, diluyendo el objetivo inicial de la Citrep de responder ante problemáticas específicas de los territorios más afectados por la guerra. Según el informe, además de las diferencias individuales y de comisiones, esta presión política hace que las agendas de paz compitan con intereses más amplios del Congreso.

No obstante, el balance de la FIP también reconoce avances: iniciativas legislativas alineadas con el Acuerdo de Paz, como la inclusión de víctimas en los planes nacionales de desarrollo, la aprobación de la Comisión Legal de Paz, la ampliación del reconocimiento legal al campesinado y la extensión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) por diez años.

Aunque las curules han impulsado iniciativas relevantes, la proporción de proyectos directamente relacionados con la construcción de paz disminuyó del 43 % en 2022-2023 al 32 % en la siguiente legislatura. Esto en parte se explica por la dinámica interna del Congreso, donde los representantes deben responder a debates nacionales y temas ajenos a las urgencias de sus regiones. La falta de comunicación efectiva entre los congresistas y los territorios perpetúa una de las brechas históricas de la representación política en Colombia. Irina Cuesta, de la FIP, subraya la necesidad de que las comunidades desarrollen mayores capacidades de control político para exigir rendición de cuentas y asegurar que sus intereses realmente se traduzcan en acción legislativa.

El caso de Karen Manrique, representante por Arauca investigada por la Corte Suprema en el contexto del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha vuelto a poner en duda la legitimidad de las curules. Esta y otras controversias alimentan la percepción de que el proceso puede estar siendo manipulado por intereses clientelistas y que, a pesar de cuatro años de experiencia, la pedagogía sobre el rol de estas curules sigue siendo insuficiente en los territorios. La crítica de expertos, como el profesor Luis Fernando Trejos, refuerza la idea de que, en ocasiones, estos espacios son vistos como una mera extensión de la maquinaria política, más que como auténticas vocerías del pueblo victimizado.

La jornada electoral próxima constituye una prueba definitiva para evidenciar si esta figura logrará consolidar una representación genuina y construir puentes efectivos entre el Congreso y las necesidades de las comunidades históricamente excluidas por la violencia. El desafío de cerrar la brecha entre las agendas nacionales y territoriales permanece vigente y requiere respuestas que aún están pendientes en la política colombiana.

¿En qué consisten los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y por qué son tan importantes en el contexto de estas curules?

El informe citado destaca la ampliación por diez años de la vigencia de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como uno de los mayores avances legislativos impulsados desde las curules de paz. Los PDET nacen del Acuerdo de Paz y buscan transformar la vida de los municipios más afectados por el conflicto armado, priorizando inversiones y proyectos que respondan a las necesidades específicas de estas regiones. Su importancia radica en que representan un esfuerzo focalizado y con recursos para cerrar brechas históricas en infraestructura, educación, salud y desarrollo rural, aspectos constantemente postergados en la agenda política nacional.

El papel de las Citrep al impulsar la extensión de los PDET no solo refuerza su función como defensores de las víctimas, sino que también pone de relieve el desafío estructural de lograr que los compromisos de paz realmente se traduzcan en cambios concretos para las comunidades que más han sufrido la violencia. La consolidación y continuidad de los PDET será un termómetro clave de la efectividad de la representación territorial y del avance real hacia una paz duradera.