El Consejo de Estado evalúa los argumentos que buscan anular la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar

El proceso judicial que estudia la legalidad de la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) avanza hacia su etapa final, luego de que Luis Fernando Padilla Pérez, uno de los demandantes, presentara sus alegatos de conclusión ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. De acuerdo con información de EL PILÓN, Padilla insiste en que se anule el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario escogió a Echavarría como rector para el periodo 2026-2030.

Estos alegatos representan la última oportunidad para exponer razones jurídicas antes de la decisión final del caso. En su escrito, Padilla expone dudas en torno al cumplimiento de los requisitos exigidos al candidato, en particular cuestiona la experiencia académica en educación superior, una presunta inhabilidad para ejercer el cargo y el procedimiento mediante el cual se realizó la votación.

La presentación de esta documentación sucede luego de que la Sección Quinta, bajo la dirección de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, optara por resolver el caso mediante sentencia anticipada, una figura que agiliza el proceso ya que omite las audiencias inicial y de juzgamiento. Según el reporte de EL PILÓN del 8 de septiembre, las partes tuvieron 10 días para entregar por escrito sus argumentos finales, y tras este plazo, el Consejo de Estado deberá decidir si se mantiene la elección o si prosperan las demandas presentadas.

Uno de los puntos centrales del reclamo se refiere a la experiencia docente requerida. Padilla considera que Echavarría no contaba con los cinco años de experiencia académica en educación superior exigidos por el cargo, ya que la experiencia en la Corporación Técnica UPARSISTEM no podía considerarse válida al tratarse de una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Este planteamiento ya había sido analizado de forma preliminar cuando la Sección Quinta suspendió provisionalmente el Acuerdo 011, certificando que la UPC solo avaló 4 años, 10 meses y 26 días para este requisito.

Padilla también señala una presunta inhabilidad derivada de la participación previa de Echavarría como representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, función que cumplió hasta diciembre de 2025, antes de su elección en marzo de 2026; a esto suma críticas sobre la participación de Marlon José Bastidas Barranco en la sesión de elección, considerado como posible irregularidad. A pesar de estos señalamientos, la suspensión provisional del nombramiento permanece mientras se emite el fallo definitivo, que será el que defina si Guillermo Andrés Echavarría Gil permanece o no en la rectoría de la UPC.

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¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos que cuestionan la elección del rector de la UPC?

De acuerdo con los documentos presentados, los principales argumentos jurídicos involucran el presunto incumplimiento del requisito de experiencia docente en educación superior, un posible caso de inhabilidad por desempeño previo de funciones directivas en el Consejo Superior Universitario y cuestionamientos sobre la validez del voto de un representante docente en la elección. Todas estas razones fueron incluidas en los alegatos entregados ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

¿Qué institución es la encargada de decidir la legalidad de la designación del rector en la UPC?

La Sección Quinta del Consejo de Estado es la institución responsable de tomar la decisión definitiva sobre la legalidad de la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar, según lo indicado por EL PILÓN. Este organismo evaluará tanto las denuncias presentadas como los descargos para emitir el fallo correspondiente.