Consejo de Estado define que proceso contra elección de rector de la Universidad Popular del Cesar seguirá sin nuevas pruebas

La elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) continúa envuelta en una batalla judicial. El último capítulo se desarrolló el 28 de septiembre de 2026, cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo el despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, resolvió el recurso de reposición presentado por Echavarría. Según los documentos del proceso principal, identificado con la radicación 11001-03-28-000-2026-00109-00 y acompañado de otros cuatro expedientes, la discusión gira en torno a la validez de los argumentos y pruebas relacionados con la elección para el periodo 2026-2030.

Echavarría, a través de un recurso interpuesto el 11 de septiembre, trató de frenar el proceso alegando la aplicación incorrecta del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, el cual permite resolver el caso solo con los documentos incorporados al expediente, sin necesidad de pruebas testimoniales adicionales ni audiencias. Su defensa insistió en la relevancia de escuchar testigos y desarrollar una actividad probatoria más amplia, ya que, según ellos, el litigio no era solo una cuestión jurídica o de hechos probados. Pese a estos argumentos, la Sección Quinta mantuvo la ruta judicial, respaldando que las pruebas existentes posibilitan llegar a una sentencia anticipada.

De acuerdo con lo dispuesto, el proceso avanzará sin nuevas audiencias ni pruebas, dando a las partes la oportunidad de presentar sus alegatos de conclusión. Esta decisión no implica la anulación definitiva de la elección, sino que establece cómo continuará el litigio hasta que se dicte la sentencia final. Es decir, el Consejo de Estado aún debe decidir si mantiene o anula la designación de Echavarría.

La controversia se agudizó cuando la Sección Quinta suspendió provisionalmente la elección de Echavarría el 7 de mayo, argumentando que el candidato acreditaba solo 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en educación superior, mientras que la UPC exige por normativa interna un mínimo de cinco años. Además, el tiempo trabajado en Uparsistem S.A.S. no fue contado como experiencia válida en educación superior, pues se trata de una institución orientada al trabajo y desarrollo humano. Cabe destacar que esta valoración se consideró provisional y no sustituye el fallo que aún está pendiente.

Tanto los demandantes, como el abogado Luis Fernando Padilla Pérez, como el propio Echavarría —quien ha defendido la legalidad de su designación en diálogo con EL PILÓN—, han reiterado sus posiciones. La decisión del 28 de septiembre, entonces, aclara el camino procesal, pero deja en manos del Consejo de Estado el desenlace sobre el futuro rectoral de la Universidad Popular del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la elección de Guillermo Echavarría como rector de la Universidad Popular del Cesar?

La elección de Echavarría fue suspendida de manera provisional por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 7 de mayo, debido a que solo acreditaba 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente en educación superior, cifra inferior a los cinco años exigidos por las normas internas de la UPC. Además, no se contó su experiencia en Uparsistem S.A.S., ya que esa institución no es considerada de educación superior. La suspensión fue una medida cautelar, mientras se decide el fondo del litigio.

¿Qué efectos tiene el auto del 28 de septiembre de 2026 en el proceso contra la elección del rector de la UPC?

El auto emitido por la Sección Quinta el 28 de septiembre de 2026 resolvió un recurso de reposición y ratificó que el proceso continuará sin nuevas audiencias o pruebas testimoniales, basándose en los documentos existentes. Aunque no decide sobre la validez de la elección, sienta las bases procesales para que el Consejo de Estado pueda dictar sentencia de fondo y determinar si la elección de Echavarría será ratificada o anulada.