El drama de los de miles colombianos que no saben nada de sus familiares desaparecidos

“Uno vive con la pensadera de si estará vivo, si lo están torturando, si está comiendo bien”, dice ella a la AFP Dora González.

El pasado 17 de diciembre, ella recibió a su marido en Villavicencio (Meta), después de buscarlo durante casi una década.

“Horrible, horrible, horrible (…) mirar los huesitos, le miré la cabecita, donde le pegaron el tiro, mirar todos sus huesitos ahí ya oscuros. Eso es muy duro”, cuenta esta mujer de 54 años, mientras intenta contener las lágrimas.

La Fiscalía sacó el cuerpo de su marido, Carlos Hernández, de uno de los cinco cementerios priorizados en un acuerdo entre el gobierno y las Farc.

Solo en esos cinco camposantos en los Llanos Orientales, zona de histórica influencia guerrillera, se han localizado más de 2.300 sepultados sin identificar, la décima parte de los que hay en todos los cementerios del país. De ellos, la Fiscalía ha encontrado más de 6.500 y entregado 3.100, según datos oficiales.

Pero para Colombia, empeñada en cerrar un conflicto que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, el mayor desafío para encontrar a las víctimas de desaparición forzada está en los sitios remotos e inaccesibles, donde se estima que hay decenas de miles.

“Hay un tema que no se ha tocado: personas desaparecidas en ríos y en zonas en las que difícilmente podremos encontrar algo”, explicó Mabel Carrero, fiscal asesora en exhumaciones.

De los casi 79.000 desaparecidos registrados oficialmente en Colombia desde 1938, más de 45.000 son atribuidos al enfrentamiento armado.

“Los cuerpos hablan”

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estima que la desaparición forzada, tipificada como delito en Colombia desde 2000, alcanza a cientos de miles de personas, un drama que desgarra “el tejido social del país” y cuya búsqueda debe ser prioridad en los próximos años.

“La necesidad principal que mencionan los familiares es saber, saber dónde está, saber qué pasó, saber cuáles fueron las circunstancias” de lo ocurrido, dijo días atrás a la AFP Deborah Schibler, abogada suiza y delegada del CICR en Colombia.

Dora vio por última vez a su esposo, campesino, el 1 de enero de 2006. El Ejército se lo llevó mientras se bañaban en un río. Más tarde supo que lo habían presentado como un muerto en combate. Y no ha vuelto a saber de su hijo Germán desde 1995, cuando con 13 años partió a la casa de su tía y nunca regresó. Para ella, como para muchos, recibir los restos de sus parientes cura heridas, pero abre nuevos interrogantes.

“Es en ese momento, que es tan doloroso, pero también tan íntimo del amor con su ser querido, empiezan a elaborar expresiones de exigibilidad de justicia. Quieren saber la verdad”, dijo Pablo Cala, del colectivo Orlando Fals Borda, una ONG de derechos humanos que asesora legalmente a víctimas del conflicto.

Para esto, las familias tienen que iniciar ante la justicia otro proceso de años, que esperan acelerar una vez se activen los tribunales especiales previstos en los diálogos de Cuba.

El tema es complejo porque la mayoría de los familiares ignora si a su gente se la llevó la guerrilla o el Ejército o las milicias de extrema derecha. “Con cada exhumación sale una historia, porque los cuerpos hablan”, señaló Cala.

Momento “agridulce”

En Colombia, azotada por una violencia casi endémica, cada hora se reporta un desaparecido y cada tres reaparece uno de ellos, vivo o muerto, según el último informe del CICR.

“Así como las FARC deben entregar información sobre las víctimas que comprometan su responsabilidad, el Estado debe brindar información sobre los desaparecidos que comprometan la responsabilidad de agentes estatales”, dijo a periodistas Adriana Arboleda, representante de organizaciones de víctimas, que el 15 de marzo entregaron unas 200 recomendaciones a los negociadores en La Habana.

La noticia de la muerte violenta de sus seres queridos desestabiliza a muchas familias que aún años después de no verlos los creen vivos.

“Es agridulce”, dice Cala, sobre el momento en que los familiares reciben los restos, a veces inhumados a cientos de kilómetros del lugar donde fueron vistos por última vez.

En diciembre, en la primera entrega de cuerpos desde el acuerdo con las FARC, había restos de guerrilleros y de civiles ejecutados extrajudicialmente por militares y presentados como guerrilleros con el fin de obtener beneficios. También había niños.

Dora espera respuestas sobre su hijo. “La mejor reparación es que ojalá encuentren los restos de mi hijo, y me lo entreguen. A mí la plata no me interesa. Y que haya justicia, que esa gente que hizo eso que pague”.

Por Alba Tobella – AFP