El acoso y el abuso, fantasma que ronda en varios colegios de Colombia

Las redes sociales y algunos medios de comunicación convirtieron en tendencia las denuncias de varias exalumnas del colegio Marymount de Bogotá en contra del profesor de educación física Mauricio Zambrano, a quien señalaron de haberlas acosado y abusado sexualmente. Por tratarse de una de instituciones en donde estudian las hijas de familias de estratos altos, el hecho se convirtió en noticia nacional.

Este caso permitió visibilizar otras denuncias que se vienen realizando en otras instituciones educativas públicas y privadas, como el presunto abuso del cual habría sido víctima una menor de edad por parte del exprofesor de matemáticas Leonardo Ramírez Herrera, en el colegio Colsubsidio Ciudadela, que ya ha tenido avances judiciales. Eel presunto abusador fue capturado el 25 de febrero e imputado por el delito de actos sexuales en menor de 14 años agravado, según manifestó la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, estos casos revelaron un problema mayor: “cerca de 900 estudiantes han denunciado a profesores por abuso sexual en colegios de todo Colombia. Son 684 casos de otras regiones y 158 corresponden a Bogotá“, de acuerdo con Noticias Caracol.

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Medellín se suma a las denuncias por acoso y abuso sexual

Los casos reportados en Bogotá fueron el trampolín para que las estudiantes del colegio Centro Formativo de Antioquia (Cefa) denunciaran públicamente al profesor Carlos Mario Jaramillo por acoso y abuso sexual.

Su manifestación se hizo viral porque se valieron del Día Internacional de la Mujer como símbolo de protesta ante los supuestos abusos y acosos a los que se habían sido sometidas y a los que la institución no habría prestado atención, según lo hicieron saber a través de las pancartas y carteles que usaron durante su denuncia.

A estas afirmaciones, el 9 de marzo, la rectora del colegio, Aura Medina, dijo en entrevista con Blu Radio: “El pasado 31 de enero fue el primer momento en el que tuve la oportunidad de conocer la situación a través de un derecho de petición. Antes de esa fecha nadie había dicho nada“.

“El acoso tiene que ver con lenguajes que uno podría catalogarlos, quizás, como irresponsables, unos lenguajes reprochables […] No existe una evidencia de tocamiento en absoluto, quiero dejar claridad. No existe en mi conocimiento como rectora ni una sola evidencia de tocamiento a una estudiante”, agregó.

No obstante, las estudiantes desmintieron las afirmaciones con un comunicado que hicieron público a través de Twitter.

Dentro del escrito expusieron que el significado de abuso sexual, según la Corte Suprema de Justicia, se produce cuando se consuman los deseos del agresor, además del uso de la fuerza, la amenaza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, el abuso de poder, la utilización de entornos y circunstancias que impidan a las víctimas dar su libre consentimiento.

“Podemos decir que la situación actual, con el docente Carlos Mario Jaramillo, sí cumple con esos parámetros dados sobre que es abuso sexual, en este caso abuso psicológico, mediante la manipulación y el chantaje. […] La situación estaba pasando a faltas tipo 3, como intentar tocar a las estudiantes, justificar y sostener sus comportamientos sexistas por medio de ‘chistes’ y hablar de ‘no responder’ porque le provocamos cuando estamos en vestido de baño”, indican las estudiantes en el comunicado.

Aunque el docente Carlos Mario Jaramillo renunció este jueves, ya se había formalizado una denuncia ante la Fiscalía para que asuma la investigación, confirmó a El Colombiano la secretaría de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo.

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¿Qué se hará al respecto?

Ante la exposición de estos hechos y las cifras tan elevadas que se presentan, muchos se preguntan: ¿qué líneas de atención tienen los y las estudiantes de las instituciones públicas y privadas para denunciar un acoso y/o un abuso sexual por parte de sus profesores?

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El pasado 4 de marzo, el Ministerio de Educación expidió una serie de medidas que deben implementar las administraciones departamentales, municipales y distritales, así como los colegios oficiales y privados, para “fortalecer las acciones pedagógicas para la prevención de la violencia sexual y brindar atención a casos de violencia sexual en contra de los niños, niñas y jóvenes en el entorno escolar, todo ello en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar”.

Las instituciones tienen 60 días para garantizar la implementación y adopción de los protocolos en todas las instituciones del país. Es decir, para el 29 de abril deben contar con manuales de convivencia, sistema de información unificado de convivencia escolar y procesos de formación con maestros, coordinadores y directivos, para garantizar una ruta de atención oportuna a los procesos de denuncia y la seguridad de los estudiantes.

Solo queda esperar si la implementación de estos protocolos va a visibilizar la realidad del acoso y abuso sexual al interior de las instituciones educativas.