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En un comunicado, Efraín Cepeda se pronunció sobre las declaraciones del mandatario, quien indicó que un juez había ordenado volver a votar la iniciativa.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, respondió oportunamente a la jueza que le solicitó, en un plazo de 48 horas, resolver la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro frente a la votación de la consulta popular en el Senado.
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En ese escenario, Cepeda envió una comunicación formal donde presentó su explicación y sustentó la actuación de la corporación legislativa.
Según Cepeda, la apelación de la senadora Pizarro, presentada el 14 de mayo, ya había sido resuelta por el Senado el 21 de mayo de 2025. El presidente del Congreso señaló que, al parecer, quienes presentaron la tutela omitieron este dato crucial al informar a la jueza, lo que motivó una solicitud que, en la práctica, ya había sido atendida por la entidad competente. Así lo expresó Cepeda en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde publicó el oficio enviado a la autoridad judicial.
En el documento, Cepeda enfatizó que:
“Informo que se considera hecho superado el haber dado respuesta a la apelación de la senadora María José Pizarro, antes de haber sido notificados del presente fallo”.
Además, junto con el oficio, el presidente del Senado adjuntó evidencias y anexos que certifican que el trámite de apelación fue debidamente discutido y resuelto en la plenaria del Senado.
La discusión sobre la votación de la consulta popular en el Senado causa un intenso debate en el panorama político nacional, especialmente porque desde distintos sectores se argumenta que no existe obligación de repetir la votación, como inicialmente se interpretó en algunos espacios.
De acuerdo con información publicada por la revista Semana, varios actores políticos desmintieron la versión del Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que no fue ordenada la repetición de la votación sobre la consulta popular.
Mientras tanto, el Gobierno nacional ha manifestado públicamente su intención de avanzar con la convocatoria a las urnas a través de un decreto. Este posible acto administrativo ha abierto un nuevo frente de discusión, ya que diversas voces advierten que el Ejecutivo podría estar eludiendo la decisión del Senado, que negó el concepto favorable al mecanismo de consulta propuesto.
A pesar de la controversia jurídica, se prevé que en los próximos días el Gobierno presente oficialmente el decreto que habilitaría la convocatoria a la consulta popular, a pesar de los señalamientos de sectores políticos que consideran que esta acción desconoce la decisión adoptada por el Congreso.
Este caso ha captado la atención pública al poner en evidencia las tensiones entre poderes y la relevancia de los procedimientos democráticos en decisiones de alto impacto para el país. Además, el manejo de los tiempos procesales y la transparencia en la actuación legislativa se han convertido en puntos centrales del debate.
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