Por riesgo de desplome, siete edificios deben ser desalojados en Cartagena

Pertenecen a la misma firma que construyó el inmueble que colapsó el pasado 27 de abril y provocó la muerte de 21 obreros.

El superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa Guerra, reveló que estas siete construcciones se suman a las 19 con licencias falsas que ya se denunciaron en mayo pasado.

Los complejos residenciales son el edificio Shalom, del barrio El Recreo; Calipso Tower, Innova y Atlanta, en el Alto Bosque; Brisas de la Castellana, en Chipre; Villa Ana, en Buenos Aires, y el edificio Cinco Letras.

La Superintendencia también presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la Sociedad Constructora Quiroz, dueña de los edificios. Ahora, será el ente acusador el que debe determinar quiénes son los funcionarios y notarios que permitieron que esos trámites evolucionaran. También se adelantarán acciones con la Procuraduría.

“Estoy muy preocupado porque en estas siete construcciones hay 362 apartamentos, eso suma una cifra cercana, sumado a las 19 construcciones anteriores, de unos 450 mil millones. Esta estafa es más grande que la de DMG, e inquieta que siempre está el apellido Quiroz”, dijo Mesa.

Señaló a seis personas de esa familia de ser responsables de esas irregularidades. “El cartel de los Quiroz, se convirtió en el cartel inmobiliario más grande de Cartagena. Esto que evidencia, que la ciudadanía fue estafada y no hubo acción de las autoridades”, cuestionó el funcionario.

Esta misma semana la entidad había advertido que el edificio Blas de Lezo I tiene riesgo de desplome y los habitantes deben desalojarlo. Esto luego de conocer un estudio de la Universidad de Cartagena que reveló que el inmueble no cumple con las normas colombianas de sismo resistencia y que la calidad de los materiales es deficiente.

Esa unidad residencial fue edificada con los mismos planos de Blas de Lezo II que colapsó durante su construcción.

El superintendente le entregó al alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, documentos probatorios sobre esas construcciones ilegales con los que se podrán iniciar medidas administrativas contra los funcionarios de la ciudad y de la Nación que, presuntamente, facilitaron la expedición y autorización de licencias falsas.

Para el caso de los Curadores Urbanos, la Superintendencia está; averiguando si se prestaron o no para la falsificación de las licencias.

Mesa enfatizó: “Se van a joder los constructores que tratarán de vender apartamentos con licencias falsas, porque nadie los va a comprar si no se pueden registrar y ningún banco les va a prestar”.

A propósito de los bancos, la superintendencia reveló que hay entidades financieras envueltas en el escándalo porque hay 14 bancos que hicieron préstamos y no está claro la modalidad de los créditos por ser construcciones ilegales.

“Aquí hay otro factor, los bancos, estos que prestaron, casi todos estos apartamentos tienen créditos y vamos a revocar esas hipotecas y los bancos tendrán que hacer un arreglo con las personas, no sé cómo la gente les va a responder, porque los bancos se quedaron sin garantías”, enfatizó Mesa.

También advirtió que “la cifra puede aumentar porque se van a seguir haciendo barridos por la ciudad”. Así mismo, reveló que se están estudiando unas 35 nuevas matrículas porque presuntamente también son fraudulentas, y hay otros 25 edificios en la ciudad con irregularidades y con recomendación de evacuar.

Mesa recalcó que las personas deben ver el riesgo que están corriendo sus vidas y deben buscar soluciones en conjunto con la Alcaldía.