Docentes de la UPC exigen formalización laboral: la batalla que podría transformar la universidad pública en Colombia

La exigencia de los docentes provisionales, ocasionales y catedráticos de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para la adopción del Decreto 0391 del 1 de abril de 2025, que establece un plan de formalización laboral, revela una problemática de larga data en el sector universitario colombiano: la precarización de los profesores y la lucha por la estabilidad y dignidad en el empleo dentro de la educación superior pública. Este reclamo, aunque tiene un fuerte arraigo local, se articula con movimientos nacionales que buscan el reconocimiento y la mejora de las condiciones laborales docentes, cuestiones que inciden directamente en la calidad educativa y el futuro del sistema universitario público colombiano.

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu) ha encabezado este movimiento por más de cincuenta años, defendiendo la formalización laboral como un derecho fundamental para los docentes no permanentes. Según el ministro de Educación, Antonio Sanguino, la implementación del decreto permitirá que 38 mil profesores en todo el país accedan a condiciones laborales dignas y estables, significando un cambio estructural en el modelo de contratación universitaria estatal y un avance esencial hacia la equidad laboral en la academia. Este proceso está orientado a eliminar figuras laborales como la provisionalidad y la ocasionalidad, que históricamente han minado la estabilidad profesional de los educadores universitarios (Ministerio de Educación, 2025; El Pilón, agosto 2025).

En la UPC, la tensión entre los docentes y la administración es especialmente aguda. Documentos de la Asamblea de Profesores indican que esta universidad exhibe una de las brechas más marcadas del país en términos de formalización docente. El contexto reciente ha estado marcado por un escenario macroeconómico favorable: desde el año 2020, el presupuesto para la educación superior pública ha crecido por encima de la inflación, beneficiándose tanto de leyes nacionales como del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022-2026. Los profesores señalan, además, la importancia de acceder a fuentes de financiamiento complementarias mediante estampillas pro-universidad, gratuidad educativa y aportes constitucionales de entes territoriales (Asamblea de Profesores UPC, 2025).

El debate dentro de la UPC se intensifica ante la insistencia sindical en que el Consejo Superior Universitario adopte de manera formal el decreto, garantizando un respaldo legal al proceso. Esta demanda busca asegurar que la formalización no quede sujeta a decisiones fragmentadas o a la discrecionalidad administrativa. Sin embargo, la oposición del rector Robert Romero Ramírez, quien ha optado por congelar la solicitud, refleja la existencia de tensiones políticas y presupuestarias al interior de la universidad (Asamblea de Profesores UPC, agosto 2025).

La situación ha motivado la presencia de delegados tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio del Trabajo en reuniones de la UPC, lo que evidencia el interés estatal por consolidar la implementación del decreto. Según El Pilón, la participación del presidente nacional de Aspu, Pedro Hernández, refuerza la dimensión nacional del reclamo, que aspira a una transformación de la universidad pública en línea con el avance de otros procesos de formalización ya verificados en el país. Estudios de Colciencias y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) han demostrado que la estabilidad laboral docente repercute positivamente en la calidad académica, la retención estudiantil y el clima laboral.

Desde una perspectiva de largo plazo, la precariedad laboral del profesorado universitario en Colombia surge de políticas públicas y económicas que durante los últimos 40 años profundizaron la inestabilidad contractual mediante programas de austeridad. Este fenómeno afecta tanto el bienestar de los docentes como la calidad y cobertura educativa, según informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y documentos oficiales del Ministerio de Educación. En ese sentido, la formalización se proyecta como un factor fundamental para revertir estas tendencias, afianzar la meritocracia y reconocer la función social del saber académico.

Por último, el desenlace de esta disputa en la UPC podría sentar un precedente en el sistema de educación superior pública, propiciando mecanismos de democracia interna, negociación y representación para el profesorado de todo el país. Más allá de una reivindicación salarial o contractual, es una apuesta por modelos universitarios más justos, inclusivos y sostenibles, con un impacto decisivo en regiones históricamente desaventajadas como el Cesar.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué diferencias existen entre un docente provisional, ocasional y catedrático en la universidad pública colombiana?
Esta es una de las dudas más comunes, ya que los términos suelen emplearse de manera indistinta, aunque implican diferencias legales y contractuales significativas. Un docente provisional ocupa temporalmente una plaza de tiempo completo sin haber accedido por concurso; el ocasional tiene un contrato temporal con dedicación parcial o completa, pero limitado a periodos cortos (generalmente inferiores a un año); mientras que el catedrático dicta menos horas a la semana, es contratado por prestación de servicios y carece de estabilidad laboral. Estas figuras, según la Ley 30 de 1992 y reformas posteriores, han sido históricamente empleadas para suplir necesidades transitorias, pero su uso se generalizó, precarizando la profesión docente en la universidad pública.

¿Por qué la formalización laboral docente se considera clave para mejorar la calidad educativa universitaria?
La formalización laboral implica dotar a los docentes de garantías como estabilidad contractual, acceso a protección social y posibilidades de desarrollo académico a largo plazo. De acuerdo con informes de Colciencias y la OECD, tales condiciones favorecen el compromiso institucional, la producción científica y una enseñanza más innovadora, influyendo positivamente en los resultados estudiantiles y el clima universitario. Además, estabilizar la planta profesoral reduce la rotación constante y permite consolidar proyectos académicos y de investigación, aspectos fundamentales para la sostenibilidad y proyección de la universidad pública.