Caldas amplía su territorio protegido: así impactará la nueva Estrella Hídrica la agricultura y la minería

El Consejo Directivo de Corpocaldas celebró una sesión extraordinaria el martes para avalar la creación del Distrito Regional de Manejo Integral Estrella Hídrica de Caldas. Así lo notificó Germán Alonso Páez, director de la Corporación, quien en rueda de prensa el miércoles 25 de febrero detalló que la próxima tarea consiste en la elaboración de un plan de manejo ambiental. Este plan, que debe ser presentado en un plazo de seis meses, definirá las directrices para el uso, preservación y transición productiva sostenible del área recién declarada como protegida. Según lo señalado, el departamento de Caldas ha aumentado significativamente su porcentaje de territorio amparado bajo protección ambiental. El porcentaje creció del 5,2% al 8,4%, equivalente a un incremento de 38.444 a 62.414 hectáreas. Páez resaltó que, aunque esta expansión representa un avance en el compromiso de proteger el 30% del territorio, Caldas todavía tiene un desafío relevante frente a otras regiones del Eje Cafetero.

Uno de los ejes primordiales de esta declaratoria es la restricción de la minería dentro de la zona. De acuerdo con Germán Alonso Páez, tras conversaciones con la Agencia Nacional de Minería, las solicitudes de títulos mineros dentro del área, conocidos hasta ahora, quedarán sujetas a la nueva reglamentación. Con este nuevo estatus, el territorio ingresa a la estructura ecológica principal y, por tanto, la actividad minera queda restringida. Esta decisión responde a la necesidad de salvaguardar unos 19.000 hectáreas de bosque altoandino y páramo, ecosistemas cruciales para la regulación hídrica, fundamentales para garantizar el abastecimiento de agua a unos 250 mil habitantes.

La interacción con sectores productivos ha sido clave en este proceso. En municipios como Neira y Aranzazu, donde predios colindan con la nueva área protegida, el sector aguacatero ha mostrado disposición para sumarse a la declaratoria. Según Páez, el reto inmediato reside en promover modelos de desarrollo productivo sostenible en la zona. Paola Andrea Loaiza, secretaria de Medio Ambiente de Caldas, subrayó que el District Regional de Manejo Integral (DMRI) prioriza la reconversión progresiva, apostándole al diálogo y a la asistencia técnica, sin recurrir a medidas restrictivas de manera inmediata.

El proceso de declaratoria ha contado con la participación de diferentes actores: alcaldes, concejos municipales, juntas de acción comunal, productores y veedurías ambientales. De acuerdo con Loaiza, la Gobernación de Caldas tiene 5.517 hectáreas distribuidas en 27 predios dentro del área protegida, los cuales actúan como núcleos de conservación en los municipios de Marulanda y Neira. El futuro plan de manejo ambiental fijará cómo se integrarán las acciones de propietarios privados, entidades estatales y comunidades para cumplir los cuatro objetivos de conservación establecidos: preservar los ecosistemas de bosque altoandino y páramo, mantener la regulación hídrica de microcuencas que surten acueductos comunitarios, mejorar la conectividad ecológica mediante la restauración de corredores, y promover el uso sostenible del territorio mediante el fortalecimiento de prácticas productivas y culturales, investigación y educación ambiental.

Páez cerró enfatizando que la responsabilidad ambiental es un compromiso colectivo, que involucra no solo a la autoridad sino a todos los habitantes del departamento.

La declaratoria de nuevas áreas protegidas, como el Distrito Regional de Manejo Integral Estrella Hídrica de Caldas, implica ajustes para quienes desarrollan su actividad económica en territorios aledaños o dentro de estos espacios ecológicos estratégicos. Los productores, como el sector aguacatero citado por las fuentes, deben replantear sus prácticas hacia modelos de producción sostenible, bajo la guía de procesos participativos y acompañamiento institucional, evitando la imposición de límites estrictos sin consulta.

Este proceso, si bien representa una oportunidad para la protección ambiental, también exige a los agricultores adaptar cultivos, métodos y hábitos, bajo criterios técnicos que apoyen tanto la conservación del entorno como la viabilidad económica. Aquí el reto está en mantener el equilibrio entre la protección de los recursos naturales y la continuidad de las dinámicas productivas que sostienen la economía local.