En Armenia, dos abuelas vulnerables en limbo: controversia por lote público enfrenta a vecinos y particular

Una compleja situación se vive actualmente en el barrio Uribe de Armenia, donde la posesión legal de un terreno público ha provocado una disputa entre la comunidad, representada por la Fundación Gotitas de Amor para Una Vida Mejor, y un particular que insiste en adjudicarse el derecho sobre el predio. José Ríos, líder de la fundación, denunció ante los medios que el lote cercano a la iglesia del sector, destinado a refugiar a dos mujeres adultas mayores en condición de vulnerabilidad, está siendo reclamado de manera irregular.

De acuerdo con la versión entregada por Ríos, la problemática se originó hace más de un año, en respuesta a la emergencia habitacional de dos señoras de la tercera edad. Ante la carencia de alternativas y la situación de desamparo, un grupo de vecinos se solidarizó y, tras identificar el terreno abandonado, emprendió labores de limpieza y adecuación para construir una ramada que sirviera como refugio temporal para las afectadas. La noticia, sin embargo, escaló rápidamente cuando un individuo acudió al lugar acompañado de la policía, argumentando ser el propietario legítimo y ordenando la demolición de lo construido.

Este revés impulsó a Ríos y a su equipo a investigar la titularidad del terreno. Según los documentos oficiales obtenidos por el fundador de Gotitas de Amor para Una Vida Mejor, el lote pertenece al municipio de Armenia, lo cual permitiría su uso con fines sociales. Armados con esta información, los vecinos reconstruyeron el albergue y continuaron ofreciendo apoyo a las adultas mayores, sin anticipar que la disputa tomaría un rumbo legal y personal más intenso.

A pesar de los esfuerzos comunitarios, la controversia persiste por la incongruencia de los certificados presentados por el particular. De acuerdo con el denunciante, los documentos aportados por quien reclama el predio corresponden a otro lote distinto, ubicado en la acera de enfrente, y no coinciden con la nomenclatura del terreno en el que habitan las dos mujeres necesitadas. El conflicto ha trascendido, con denuncias de amenazas e intentos de intimidación, así como la interposición reiterada de acciones legales que dificultan la ayuda humanitaria que la fundación quiere brindar.

Lo más preocupante, según los testimonios recopilados por Crónica del Quindío, es la aparente inacción de las instituciones responsables de salvaguardar a las poblaciones más vulnerables. Pese a las solicitudes y denuncias presentadas ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, Ríos afirma que no ha recibido respuesta ni protección efectiva frente a las amenazas recibidas. En sus propias palabras, el propósito último de la comunidad no es avivar el conflicto, sino garantizar el derecho básico a una vivienda digna para quienes más lo requieren, especialmente tratándose de bienes de propiedad pública.

¿En qué consiste el certificado de tradición y por qué es clave en litigios sobre la propiedad?

El certificado de tradición y libertad es un documento oficial que registra todos los antecedentes legales de un bien inmueble, incluyendo los traspasos de propiedad y las limitaciones de dominio. En Colombia, este certificado es expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y resulta fundamental para determinar quién es el propietario legítimo de un terreno o construcción. Su contenido adquiere especial relevancia en disputas como la del barrio Uribe, ya que mediante él se puede probar si un predio pertenece a un ente público o a un particular, y con ello dirimir la razón jurídica de las partes involucradas.

En el contexto del caso, la diferencia en la nomenclatura contenida en los documentos presentados por el particular y los de la fundación evidencia la importancia de este certificado. Identificar errores o falsedades en el mismo puede evitar que se produzcan apropiaciones irregulares de bienes públicos, proteger los derechos de comunidades vulnerables y ofrecer transparencia en situaciones de conflicto. ¿Qué acciones legales puede emprender una comunidad cuando identifica una posible apropiación irregular de un bien público?