Crece lío entre fichas de Petro con dueños de Coosalud: aparecen hasta pagos en club nocturno

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Recientemente revelaron unas transacciones de hasta tres millones de pesos. La disputa continúa pese a una orden judicial para devolver la EPS a sus dueños.

La disputa por el manejo de los recursos de Coosalud escaló entre antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y representantes de la cooperativa vinculada a la EPS. Las denuncias incluyen pagos con tarjetas corporativas en casinos y un prostíbulo de Cartagena, además de dudas sobre un contrato millonario para una plataforma tecnológica que, según los hallazgos citados, no habría entrado en funcionamiento.

La Unidad Investigativa de El Tiempo obtuvo soportes de transacciones realizadas entre agosto y diciembre de 2025 con una tarjeta de Inversiones Portichelly, empresa vinculada al grupo Coosalud. Entre los registros aparecen cuatro pagos al Texas Luxury Casino, en Cartagena, el 23 de septiembre: tres por un millón de pesos y otro por dos millones.

También figuran dos transacciones de 400.000 pesos cada una, efectuadas el 28 de noviembre en El Paraíso del Marino Club, establecimiento nocturno del barrio Vista Hermosa. Los documentos incluyen, además, una compra de mercado por 2’230.000 pesos.

Según el diario, por estos movimientos se presentó una denuncia por presunto hurto ante la Fiscalía el 13 de febrero. En ella aparece como denunciado Jhonathan Mauricio Ortiz Arnedo, quien entonces era representante legal de Inversiones Portichelly. La existencia de la denuncia no establece por sí sola responsabilidades penales.

Cuestionamientos a la intervención de Coosalud

El caso se desarrolla en medio de una controversia más amplia sobre la administración de la EPS y su cooperativa accionista. De acuerdo con el periódico, la Contraloría advirtió presuntas irregularidades superiores a 454.000 millones de pesos, mientras que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) pidió investigar un crédito de 221.000 millones de pesos en el que la EPS habría servido como fiadora.

La gestión de la intervención también está bajo cuestionamiento. Un magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó devolver la EPS a sus propietarios, al considerar que la medida adoptada por el Gobierno no había mejorado su administración.

Por otra parte, el abogado de Coosalud, Julián Quintana, ha señalado a María José Navarro, exsuperintendente de Economía Solidaria, por presuntas irregularidades relacionadas con los pagos. Navarro, según recoge El Tiempo, afirmó que había denunciado anomalías y sostuvo que los recursos cuestionados no corresponderían al sistema público de salud.

Contrato de 4.757 millones de pesos bajo la lupa

A las controversias se suma un contrato adjudicado a Geoproyecciones SAS para desarrollar una plataforma destinada a inspeccionar y documentar las sedes de Coosalud en distintas regiones.

El Tiempo, con base en información revelada también por Cambio, reportó que la Contraloría no encontró evidencias de que la herramienta hubiera entrado en funcionamiento y que los técnicos de la EPS ni siquiera tenían acceso a ella.

Aunque ya se ordenó devolver la EPS a sus propietarios, las denuncias y revisiones sobre el manejo de los recursos siguen abiertas. Las responsabilidades por los hechos señalados deberán establecerse en las instancias correspondientes.