Gobierno de Colombia mantiene diálogo con disidencias lideradas por ‘Calarcá’ pese a hechos violentos recientes

En menos de tres años, la organización armada que dirige Alexánder Díaz Mendoza, conocido como ‘Calarcá’, ha sido responsable de diez hechos violentos de alto impacto en Colombia, episodios que en otros contextos serían suficientes para suspender cualquier proceso de paz. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene la voluntad de diálogo con las disidencias de las Farc que forman parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Según el reportaje publicado por Noticias Caracol y citado a lo largo del texto, Petro prepara incluso una Zona de Ubicación Temporal en Tibú, Norte de Santander, para concentrar a los combatientes de uno de sus frentes, a pesar de no existir un marco jurídico para desmovilizarlos colectivamente.

La insistencia del Ejecutivo en proteger la mesa de negociación se ha traducido en presiones a la Fiscalía General de la Nación para mantener levantadas las órdenes de captura contra ‘Calarcá’ y su círculo, aun cuando abundan señalamientos por desplazamientos, reclutamiento de menores, extorsión, desapariciones y asesinatos. La fuerza pública, limitada por el proceso de paz, tampoco ha podido responder con contundencia ante emboscadas como la perpetrada el 27 de abril de 2025 en Guaviare, donde murieron siete militares y seis más resultaron heridos por disparos y explosivos, según datos oficiales. Estos hechos, que han superado en gravedad incidentes que sí provocaron la suspensión de diálogos con otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), han generado un intenso debate en medios y espacios políticos.

Noticias Caracol reveló que durante la detención temporal de ‘Calarcá’ en la caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 2024, las autoridades decomisaron dispositivos con información relevante sobre el EMBF y presuntas conexiones con integrantes del Estado; varios funcionarios fueron salpicados, suspendidos y luego reincorporados a sus cargos. Mientras tanto, el EMBF ha ampliado sus operaciones aprovechando el proceso de paz: de acuerdo con inteligencia militar, desde octubre de 2023 su pie de fuerza creció en un 111 % y se expandió a diez departamentos.

Esta expansión ha agravado el fenómeno del reclutamiento forzado; la Defensoría del Pueblo contabilizó 386 menores vinculados a la organización en 2025 y 25 más en la primera parte de 2026. Varias masacres, atentados y asesinatos de uniformados y civiles han sido atribuidos a las facciones bajo órdenes de ‘Calarcá’, quien, según denuncian opositores y analistas citados, continúa recibiendo beneficios legales y políticos en el marco de la llamada “paz total”. El presidente Petro argumenta que el problema de la violencia obedece a factores históricos y al auge de la economía ilegal global, aunque cuando se le requiere por hechos puntuales relacionados con ‘Calarcá’, evita dar respuestas directas, como documentó Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno de Gustavo Petro mantiene el proceso de paz con el EMBF pese a los repetidos actos violentos?

De acuerdo con lo expuesto en los reportes de Noticias Caracol y declaraciones recogidas en el texto, el gobierno prioriza mantener la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, a pesar de las denuncias reiteradas y evidencias de violencia. Las razones no han sido explicadas de forma directa por el presidente Petro; no obstante, él ha insistido públicamente en causas estructurales de la violencia y atribuye parte del problema al auge de las economías ilícitas, evitando responder puntualmente sobre los beneficios a ‘Calarcá’ y su grupo.

¿Qué actividades crimínales se le atribuyen al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) durante las negociaciones?

Según la información recopilada por Noticias Caracol y reportes oficiales, al EMBF, bajo el liderazgo de ‘Calarcá’, se le atribuyen desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, extorsión, desapariciones, asesinatos, ataques a la Fuerza Pública, masacres y atentados terroristas. Entre los hechos más graves destacan asesinatos de uniformados, quema de vehículos, secuestro y asesinato de un periodista, así como la expansión territorial y aumento de su número de combatientes aprovechando los beneficios legales mientras se desarrollan los diálogos de paz.