"No pueden seguir esperando": director de la ANT pide activar la jurisdicción agraria para destrabar tierras

Juan Felipe Harman, cabeza de la entidad, hizo un llamado a la Corte Constitucional y expuso cifras sobre miles de hectáreas en procesos detenidos.

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, intervino en una audiencia pública de la Corte Constitucional para exponer la urgencia de que el país active la jurisdicción agraria. La diligencia fue convocada para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución y estudiar la demanda presentada por la entidad frente a la fase judicial del procedimiento único contemplado en el Decreto Ley 902 de 2017.

Durante su exposición, el funcionario explicó que la jurisdicción agraria constituye un mandato constitucional orientado a que jueces especializados atiendan los conflictos de tierras en el país. Según la ANT, esta instancia permitiría abordar disputas rurales complejas con mayor conocimiento técnico y con tiempos más adecuados para las comunidades campesinas.

En la audiencia, Harman Ortiz también planteó que mientras esta jurisdicción no entre en funcionamiento, la ANT debería conservar sus facultades administrativas en procesos agrarios asociados con la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con la entidad, esta medida facilitaría el avance de decisiones que hoy enfrentan obstáculos dentro de la justicia ordinaria.

“Es fundamental que el Congreso le cumpla al campo en los 60 días de periodo legislativo que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos”, afirmó el director durante su intervención ante el alto tribunal.

Uno de los puntos expuestos en la audiencia se relaciona con procesos que hoy se encuentran detenidos en los despachos judiciales. El funcionario advirtió que existen 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios sobre 16.381 hectáreas que aún no superan la etapa de admisión, situación que mantiene estos casos sin avances sustanciales.

De acuerdo con la información presentada, estos expedientes han enfrentado tensiones de competencia entre despachos civiles del circuito y el control contencioso administrativo sobre decisiones adoptadas por la entidad. Esa situación ha extendido los tiempos de análisis y ha dejado en incertidumbre varios procesos relacionados con tierras rurales.

 

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La ANT también informó que durante 2025 cerró más de 244 procesos en fase judicial que abarcan cerca de 43.000 hectáreas. A esto se suman 566 casos adicionales que cubren unas 116.000 hectáreas y que actualmente se encuentran en fase probatoria. Estos casos podrían avanzar hacia la etapa de demanda en el transcurso de este año.

No obstante, ante la ausencia de una jurisdicción especializada, dichos expedientes podrían terminar en la justicia ordinaria, lo que implicaría mayor congestión judicial y demoras en las decisiones que esperan comunidades campesinas.

Durante la audiencia también intervino Eliécer Morales, campesino del departamento del Cauca, quien pidió ajustes a las normas vigentes para que el sistema responda mejor a las necesidades del campo colombiano.

“Nosotros queremos ser parte de la nación como sujetos de derechos. Soy un campesino del departamento del Cauca. Creemos que es necesario que este decreto ley se adecúe y que no nos empantanemos en procedimientos obsoletos cuando realmente debemos ponerlo en funcionamiento”, expresó.

La Corte Constitucional continuará el análisis del caso con base en los argumentos expuestos por el Gobierno, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas antes de adoptar una decisión definitiva sobre este tema.

Harman Ortiz cerró su intervensión hablando de su expectativa de que el alto tribunal emita una decisión que permita avanzar en el fortalecimiento del acceso a la justicia para el campo colombiano y en la consolidación de mecanismos que atiendan de forma prioritaria los conflictos agrarios.