Le caen a directiva del Senado por supuestas trabas en escándalo de contratos de Petro

Un imprevisible capítulo judicial se abrió en los pasillos del Congreso de la República luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia notificara la apertura de un incidente de medida correctiva contra la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca. La determinación del alto tribunal responde a las supuestas barreras e irregularidades logísticas que habrían enfrentado funcionarios de la policía judicial durante una inspección realizada el pasado jueves 5 de noviembre en las dependencias de la corporación, en el marco de las indagaciones que avanzan contra el expresidente Gustavo Petro y la exsenadora María José Pizarro por el denominado escándalo de los ‘sexocontratos’, según informó Semana. 

La diligencia judicial buscaba recopilar de manera directa la documentación contractual relacionada con Deicy Jiménez, la denunciante que reveló la presunta existencia de una red de favores y servicios sexuales a cambio de vinculaciones laborales y beneficios con entidades del Estado durante el anterior gobierno. Sin embargo, fuentes vinculadas al procedimiento confirmaron que el equipo investigador enfrentó dilaciones injustificadas y restricciones de acceso para la revisión de los archivos físicos y digitales. Ante estos hechos, la magistratura citó a Salamanca para que entregue explicaciones formales sobre la logística implementada durante esa jornada, advirtiendo que el trámite podría derivar en compulsas de copias penales y disciplinarias, e incluso en sanciones que contemplan días de arresto.

Astrid Salamanca ejerce una de las posiciones de mayor peso institucional dentro del poder legislativo, al haber sido reelegida recientemente en el cargo con una abrumadora mayoría de 96 votos a favor, responsabilidad desde la cual administra un presupuesto anual cercano a los 500.000 millones de pesos. La apertura de este incidente procesal empaña la gestión de la funcionaria, quien durante su posesión enfatizó su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los recursos públicos. La decisión final sobre su responsabilidad en el entorpecimiento de la labor probatoria quedará en manos de la Sala de Instrucción