¿Ser mujer cuesta más en el sistema de salud colombiano? El debate que destapó un video viral

La desigualdad de género continúa siendo un reto global, ubicando a las mujeres en posiciones de desventaja frente a los hombres, incluso en ámbitos fundamentales como el acceso a la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que este desequilibrio afecta negativamente la robustez de los sistemas sanitarios, en parte porque el trabajo y los cuidados ejercidos por mujeres suelen ser subvalorados. En Colombia, este fenómeno se refleja al interior del sistema de salud, según lo reportan estudios como el índice de brecha de género desarrollado por la Universidad del Rosario en colaboración con el Consejo Privado de Competitividad, el cual identifica la salud como un factor que incide en la desigualdad.

Dentro de este marco, surge el debate acerca de los costos diferenciados que enfrentan las mujeres respecto a los hombres dentro del sistema de salud colombiano. El tema cobró relevancia debido a un video viral de Instagram, publicado por Ximena Riaño (@sunshine__0607), donde se analiza “el costo de ser mujer en la salud” y la manera en que el diseño institucional supuestamente hace que las mujeres asuman económicamente mayores necesidades médicas. Riaño expuso que, al superar los 25 años y perder el beneficio de la afiliación familiar, las mujeres que deseen continuar como beneficiarias adicionales deben cubrir un pago mayor —la denominada Unidad de Pago por Capitación (UPC) adicional— en comparación con los hombres de su misma edad.

Este pago extra varía según edad y género, y para 2026, las mujeres jóvenes entre 19 y 44 años pagarían en algunos casos casi el doble que los hombres por el mismo servicio, ejemplificando así la brecha señalada. La explicación para esta diferencia se encuentra en el riesgo actuarial, concepto que utiliza datos históricos para anticipar y costear necesidades futuras en salud, considerando que las mujeres requieren mayor atención durante su edad reproductiva por temas asociados a la salud sexual, controles médicos y embarazos.

Sin embargo, tras consultar fuentes y realizar un ejercicio de verificación con base en información del Ministerio de Salud y análisis de académicos, como el investigador Johnattan García de la Universidad de Harvard y docentes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el medio El Colombiano matiza la situación. La UPC adicional corresponde únicamente a quienes desean permanecer como beneficiarios adicionales fuera del grupo familiar directo, siendo un pago voluntario y no obligatorio. En la afiliación regular, el costo es igual para hombres y mujeres, y depende de los ingresos y la situación laboral de cada persona.

Adicionalmente, el sistema tiene en cuenta las mayores necesidades de salud de las mujeres: la UPC que el Estado paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para los servicios de las mujeres jóvenes es considerablemente superior a la entregada por cada hombre afiliado, justamente porque el uso estadístico de los servicios es más alto. Es importante subrayar que estos recursos son transferidos de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) a las EPS, y no requeridos directamente a las usuarias. Por lo tanto, la diferencia en el pago de UPC adicional afecta solo a un grupo reducido de afiliadas, no a todas las mujeres del sistema.

En definitiva, generalizar que ser mujer implica automáticamente un costo mayor para estar afiliada al sistema de salud colombiano no es preciso y responde a una interpretación particular de una modalidad específica de afiliación. De hecho, los valores adicionales suelen aplicarse de forma marginal, mientras que las condiciones generales buscan equilibrar la cobertura, concediendo pagos superiores a las EPS por afiliadas mujeres para garantizar la atención integral a sus necesidades.

¿Por qué es relevante entender el rol de la UPC en el sistema de salud?

Comprender el papel de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta clave para analizar cómo se financia el acceso a la salud en Colombia. La UPC es el monto que el Estado transfiere directamente a las EPS por cada afiliado, ajustado según variables como edad, género y lugar de residencia. Estos ajustes buscan reflejar las diferencias en la frecuencia y tipo de servicios de salud que requieren las distintas personas, y son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema y el acceso equitativo a los beneficios incluidos en el plan obligatorio.

No obstante, el desconocimiento sobre cómo funciona la UPC y la distinción entre pagos obligatorios y pagos voluntarios, como la UPC adicional, puede dar lugar a confusiones y a percepciones erróneas sobre la supuesta discriminación económica por género en el sistema. Analizar con detalle estos mecanismos permite a la ciudadanía ejercer control social y reclamar un sistema más transparente e igualitario. ¿Debería el Estado revisar periódicamente los criterios de la UPC para reducir aún más las brechas de género en el acceso a la salud?