Paz en la cuerda floja: el Gobierno y la CNEB reactivan el diálogo tras crisis y desafíos clave

El proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) afrontó en marzo un momento decisivo tras la interrupción abrupta de la mesa de negociaciones. Esta pausa, anunciada el 16 de ese mes, fue desencadenada por el fallecimiento de un integrante de la disidencia en el transcurso de un operativo militar, lo que generó tensiones y puso en evidencia desacuerdos sobre compromisos fundamentales previamente adquiridos. Entre las principales exigencias de la CNEB estaba el traslado de Geovanny Rojas, conocido como "Araña", a la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT), además del avance en la construcción de esta área destinada a facilitar el proceso de paz.

Sin embargo, según reportó El Espectador, el Gobierno admitió recientemente que no podría cumplir en ese momento con el traslado de Rojas. Incluso, surgieron propuestas como permitir que solo ingresaran 99 de los 100 miembros del grupo a la zona de ubicación, dejando fuera a "Araña", o seguir con el diálogo sin implementar la zona especial. Estas alternativas fueron analizadas en consultas previas a la reanudación del diálogo, definiendo que la decisión final sobre el ingreso de Rojas —así como su posible extradición a Estados Unidos— quedaría en manos del presidente Gustavo Petro.

A pesar de las dificultades, las consultas extraordinarias derivaron en un nuevo acuerdo que reactivó la mesa y estableció las condiciones para el ingreso de los Comandos de Frontera a la ZUT en el Valle del Guamuez, Putumayo. La firma del acta, realizada en Bogotá el 27 de marzo por representantes tanto del Gobierno como de la disidencia y países garantes, marcó un punto de inflexión. El documento, además, contempló el comienzo de los preparativos para adecuar el terreno, paso necesario para el traslado de los miembros de la CNEB.

Dentro de los compromisos alcanzados, destaca también la ejecución de una visita conjunta a la laguna de Chimbuza, en Roberto Payán (Nariño), prevista para el 11 de abril. Con la participación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y representantes internacionales, esta inspección abordará el avance de los programas de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, un tema sensible en territorios donde confluyen economías ilegales y presencia de actores armados.

En este contexto, la reanudación de los diálogos ocurre en medio de un clima de duelo y complejidad. Las delegaciones lamentaron el asesinato de Alexander Rondón, delegado de la CNEB, así como el accidente aéreo de un Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo. Ambos hechos han sumado tensión en el ambiente previo a la reactivación de las conversaciones. Las próximas rondas del diálogo en Tumaco —programadas para el 12 y 13 de abril— serán determinantes para evaluar si las partes pueden avanzar en la consolidación de los compromisos y traducirlos en cambios concretos para las comunidades afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas.

En última instancia, este proceso no solo pone a prueba la voluntad política de las delegaciones, sino que también refleja las complejidades de negociar la paz en regiones marcadas por múltiples violencias y desafíos logísticos.

¿En qué consiste exactamente la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT)?

La ZUT-ZOCIUT es un área establecida como parte de los acuerdos entre el Gobierno y la disidencia armada, concebida para congregar a los miembros del grupo insurgente en un espacio controlado y supervisado mientras avanzan los procesos de diálogo y transición hacia la paz. El objetivo fundamental es facilitar el cese de hostilidades, la reintegración y el monitoreo de los compromisos pactados.

En este contexto, la correcta implementación de la Zona resulta central para generar confianza entre las partes y resolver cuestiones logísticas y de seguridad. Además, su funcionamiento adecuado puede contribuir a reducir la influencia de las economías ilícitas y mejorar la articulación de programas sociales en territorios tradicionalmente afectados por el conflicto.