El papel de los determinantes sociales y la transparencia estatal en la gestión de la salud pública en Colombia

La salud de la población depende de múltiples factores que van mucho más allá de la presencia de médicos, hospitales o medicamentos. Así lo revela la evidencia recogida durante décadas, demostrando que elementos como la educación, ingresos económicos, vivienda, alimentación, empleo, ambiente, saneamiento y contexto social explican una parte significativa de las diferencias en enfermedad y esperanza de vida entre distintas comunidades. Dentro de estos determinantes sociales de la salud, el poder político juega un papel crucial: quiénes participan en las decisiones, cómo se toman y cuál es la capacidad de las comunidades para exigir sus derechos. Según información presentada por El Espectador, comprender esta dinámica es fundamental en la protección del derecho humano a la salud, responsabilidad estatal de promover condiciones que permitan su ejercicio efectivo.

Un ciudadano informado, organizado y participativo puede aportar notablemente al mejoramiento de la salud colectiva. No obstante, que la organización comunitaria tenga un impacto positivo no implica que todo tipo de actividades de participación puedan financiarse con recursos del sistema de salud público. Aquí se encuentra una línea delicada entre política pública legítima e instrumentalización política de la salud.

Esta disyuntiva ha acompañado gestiones como la de Gustavo Petro, tanto en su periodo como alcalde de Bogotá como en la Presidencia. Petro ha promovido una salud territorial, con equipos que identifican necesidades y acercan el Estado a la población directamente en sus entornos. El enfoque busca prevenir enfermedades antes de que los ciudadanos lleguen en estado grave a los hospitales, defendiendo una intervención proactiva. Sin embargo, cuando este modelo incorpora agentes comunitarios y personal no sanitario especializado en enlace y organización social, surge un debate sobre hasta qué punto esas funciones responden a una necesidad sanitaria verificable y cuál es el impacto real sobre la salud de la población.

El aspecto crítico, de acuerdo con El Espectador, radica en la obligación estatal de demostrar resultados concretos: enfermedades prevenidas, riesgos disminuidos, mejora de indicadores y beneficios medibles por cada peso invertido. Contar con equipos conformados o personas contratadas no basta si esos datos describen actividad y no resultados sanitarios. La exigencia de transparencia se intensifica cuando estos programas establecen relaciones directas gobierno-comunidad, ya que podrían convertirse en estructuras para favorecer intereses políticos.

Si bien no puede afirmarse, únicamente por este riesgo, que exista manipulación de recursos, tampoco debe ignorarse la pregunta. Los recursos asignados para servicios de salud no pueden transformarse subrepticiamente en financiación de participación política, aunque fortalecer comunidades sea legítimo. La salud debe ser un derecho libre de patrimonialización partidista: su ejercicio pertenece a todas las personas, independientemente de ideas políticas. Empoderar a la sociedad para cuidar su salud es válido; utilizar la salud para fines políticos es otro asunto, y el Estado debe ser claro y transparente respecto a la naturaleza y resultados de sus programas.

¿Cuál es la relación entre determinantes sociales y salud en la gestión pública?

Los determinantes sociales de la salud, según El Espectador, incluyen factores como educación, ingresos y vivienda, que influyen directamente sobre las condiciones de salud colectiva. La gestión pública tiene el deber de abordar estos aspectos para garantizar el ejercicio justo del derecho a la salud, utilizando recursos públicos de forma transparente y rigurosa.

¿Por qué es importante la transparencia en el uso de recursos para programas comunitarios de salud?

La transparencia es clave, ya que la inversión en programas comunitarios debe justificarse mediante resultados sanitarios claros y verificables, no solo en cifras de actividad como hogares visitados o personas contratadas. Así se evita el riesgo de uso político de los recursos destinados a la salud, asegurando que estos cumplan su función central y no terminen reforzando intereses partidistas.