Colombia: Más de 200 mil personas atrapadas entre el desplazamiento y el confinamiento por la violencia en 2025

Colombia continúa enfrentando las consecuencias humanitarias del conflicto armado interno, un fenómeno que se evidencia en las alarmantes cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo sobre movilidad humana forzada durante 2025. El más reciente informe revela que, solo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, 101.474 personas se vieron obligadas a salir de sus hogares debido a situaciones de violencia, mientras otras 110.375 permanecieron confinadas en sus territorios. Estos datos exponen una crisis persistente que limita derechos fundamentales y pone en riesgo especialmente a la población infantil.

La Defensoría identificó 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento en ese periodo, situaciones que afectan de manera directa el acceso de las comunidades a servicios básicos tales como salud, educación y alimentación. El impacto es aún mayor en regiones como Norte de Santander, Nariño y Cauca, donde el desplazamiento forzado ha sido más frecuente. Por su parte, los departamentos de Chocó, Cauca y Huila han experimentado graves episodios de confinamiento, donde las personas no pueden abandonar sus viviendas ni desarrollar sus actividades cotidianas debido a las amenazas de grupos armados ilegales.

El accionar de distintas organizaciones armadas ilegales sigue siendo un factor clave en este contexto. Durante el 2025, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) organizó cuatro paros armados, provocando restricciones a la movilidad y aumentando el riesgo para la población civil. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han sostenido otro paro armado, que se prolongó hasta el 30 de diciembre, exacerbando la tensión y la vulnerabilidad de los habitantes de varias zonas.

Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la urgencia de fortalecer la presencia institucional del Estado y adoptar políticas públicas con enfoque territorial para prevenir y atender de manera adecuada a quienes han resultado afectados por el desplazamiento y el confinamiento. El llamado busca garantizar la protección de la vida y los derechos humanos frente a la persistente amenaza de la violencia armada.

Además del desplazamiento y confinamiento, el boletín enfatiza el aumento de los movimientos migratorios mixtos e irregulares a lo largo del año. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, 141.128 personas atravesaron Colombia de forma irregular. De este total, el 40,41 % corresponde a mujeres, el 38,27 % a hombres y el 21,32 % a niños, niñas y adolescentes. La nacionalidad predominante es la venezolana, representando la gran mayoría con 136.950 casos, seguida por otras como Ecuador, Perú y República Dominicana.

Inversamente, se documentó el ingreso de 19.134 personas al país por la ruta de La Miel, desde Panamá hacia Capurganá, en el Chocó. Nuevamente, Venezuela sobresale como el país de origen con la mayor migración inversa (18.787 casos). La Defensoría alerta que estos flujos migratorios, tanto de salida como de entrada irregular, profundizan la vulnerabilidad de los migrantes al restringir derechos fundamentales, entre ellos la salud, la educación y el acceso a condiciones mínimas como el agua potable y una vivienda segura.

En este complejo escenario, el reto para el Estado es diseñar respuestas integrales que respondan tanto a las necesidades urgentes de las víctimas del conflicto armado como a la población migrante y refugiada que transita o se asienta temporalmente en territorio colombiano.

¿Cuáles son las diferencias entre desplazamiento forzado y confinamiento en el contexto colombiano? Comprender la distinción entre estos dos fenómenos es esencial para dimensionar el impacto del conflicto en la movilidad humana. El desplazamiento forzado ocurre cuando una persona o comunidad se ve obligada a abandonar su lugar de residencia por amenazas o violencia directa, buscando generalmente refugio en otro municipio o departamento. En contraste, el confinamiento sucede cuando la población no puede salir de su entorno a causa de restricciones impuestas por la violencia, lo que limita su acceso a servicios, trabajo y a una vida en condiciones dignas. Esta diferencia es clave para entender cómo la violencia puede vulnerar de diferentes maneras los derechos y las estrategias de atención requeridas por parte del Estado y los organismos de protección.