Despidos en la Casa de Nariño: el sacudón de Petro que revela luchas de poder y polémica laboral

El ambiente en la Casa de Nariño, sede del poder ejecutivo en Colombia, ha sido testigo de una serie de movimientos internos que reflejan la aplicación práctica de dos ideas clave sobre el poder: se revela a través de su ejercicio y no siempre es un atributo permanente. Esta dinámica se ha visto en las decisiones recientes que han tenido como protagonistas a los funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, quienes han actuado según sus intereses y afinidades políticas. El detonante de estos cambios fue la designación de Nhora Mondragón como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien desde el inicio de su mandato se ha enfocado en promover una reestructuración profunda dentro de la entidad.

La llegada de Mondragón al Dapre marcó el inicio de una serie de despidos, algunos calificados como “insubsistencias”, una figura administrativa utilizada cuando un funcionario de libre nombramiento y remoción no acepta renunciar o se desea agilizar su retiro. Según reportes recogidos por El Colombiano, la magnitud de esta ola de salidas ha sido significativa: se estima que más de 30 funcionarios han dejado la institución en cuestión de horas, si bien la versión oficial minimizó la cifra reduciéndola a 12. Lo que une a la mayoría de los afectados es su vínculo con Angie Rodríguez, la anterior directora del Dapre y actual titular del Fondo de Adaptación, quien habría sido responsable de su nombramiento.

El proceso no estuvo libre de polémicas. Trascendió que algunos de los despedidos habían conformado sindicatos apenas unos meses atrás, mientras que otros estaban cerca de alcanzar su jubilación, lo que incrementó el malestar generado por las formas en que se comunicó su salida. Uno de los casos más relevantes es el de Luz Dary Cruz, jefa de Recursos Humanos con una trayectoria de más de dos décadas en la entidad, quien fue removida del cargo tras quejas recibidas por el presidente Petro acerca de su lealtad administrativa hacia la exdirectora Rodríguez, en lugar de a Mondragón. Otras figuras de peso, como Daniel Alberto Cuello y Yury Carolina Calderón, líder del equipo de prensa, también estuvieron entre los funcionarios cesados.

Las repercusiones de este proceso no se han limitado al Dapre. Según informaciones suministradas por Blu Radio y confirmadas por testimonios recogidos por El Colombiano, las destituciones han impactado incluso a funcionarios con larga experiencia y reconocida trayectoria. Calderón, una de las funcionarias salientes, describió el ambiente como hostil y señaló que las promesas de estabilidad hechas por altos cargos resultaron incumplidas, sugiriendo la presencia de una pugna interna por el control del aparato estatal y lamentando la falta de respeto hacia los derechos laborales.

Las fricciones internas llegaron al punto de que Rodríguez, antes de su salida, habría confrontado tanto a Mondragón como al presidente Petro en tonos elevados, defendiendo las designaciones de último momento y denunciando lo que consideró un trato injusto a su equipo. Mientras tanto, Mondragón recibió apoyo para designar a un nuevo equipo de confianza, y el Dapre argumentó que estos movimientos forman parte del margen de discrecionalidad institucional que corresponde a cada nueva administración.

El fenómeno de los despidos de funcionarios experimentados no es exclusivo del Dapre, ya que situaciones similares se han reportado también en la Cancillería, según indica El Colombiano, acentuando la percepción de un proceso de renovación administrativa guiada tanto por criterios políticos como por la prisa ante la entrada en vigor de la ley de garantías, prevista para el 30 de enero. Esta ley limita contrataciones y movimientos en la administración pública durante períodos electorales, lo que explicaría la celeridad actual y la intensidad de los conflictos suscitados.

¿Qué implicaciones tiene la “insubsistencia” en la administración pública y cómo afecta a los funcionarios?

La figura de la insubsistencia, mencionada en el contexto de los recientes despidos en el Dapre, es central en el funcionamiento del empleo público en Colombia. Corresponde a la facultad que tiene la administración para terminar de manera unilateral el contrato de un trabajador de libre nombramiento y remoción. Esta medida, aunque legal, suele utilizarse con polémica, especialmente cuando afecta a empleados próximos a pensionarse o sindicalizados, como ha ocurrido en los hechos aquí narrados.

Para los funcionarios, la declaración de insubsistente significa el fin inmediato de su permanencia en el cargo, independientemente de su trayectoria o aportes a la entidad. En este contexto, las decisiones tomadas generan cuestionamientos sobre la estabilidad laboral, la protección de derechos y el uso discrecional del poder en las instituciones del Estado. ¿Debería establecerse un marco más estricto para la aplicación de la insubsistencia que salvaguarde la experiencia y los derechos de los trabajadores públicos?