Juzgado en Valledupar admite tutela de sindicatos contra Ministerio de Trabajo por despidos en filiales de Glencore

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar admitió una acción de tutela interpuesta por los sindicatos Sintracarbón y Sintramienergética contra el Ministerio del Trabajo y su Unidad de Investigaciones Especiales. Esta demanda fue presentada a raíz de la inminente desvinculación de 227 trabajadores de las empresas Prodeco y Carbones de La Jagua, ambas filiales de la multinacional Glencore en el departamento del Cesar, buscando evitar su despido inmediato. Según los argumentos presentados por la abogada Andrea del Rocío Torres, se denunció la presunta vulneración de derechos fundamentales como el trabajo, el debido proceso, la asociación sindical y la estabilidad laboral reforzada. Los sindicatos persiguen que la justicia declare la existencia de una unidad de empresa laboral entre las filiales para que los empleados afectados sean reubicados en otras operaciones de Glencore en Colombia.

La jueza Marina Acosta Arias decidió notificar, además del Ministerio del Trabajo, a diversas entidades y empresas clave del sector minero, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y la Defensoría del Pueblo, así como a Prodeco, Carbones de La Jagua, Glencore Colombia y Cerrejón. Aunque los demandantes pidieron una medida provisional para suspender la resolución sobre los despidos, la jueza negó esta solicitud, argumentando que primero necesita la posición de todos los vinculados al proceso para adoptar una determinación definitiva. No obstante, otorgó a estos actores un plazo de un día para ejercer su derecho a la defensa.

El conflicto tiene su origen en 2021, cuando el Grupo Prodeco anunció la devolución de sus títulos mineros de las minas Calenturitas y La Jagua a la Nación. Según los argumentos de la compañía en ese momento, la decisión respondió a difíciles condiciones técnicas y económicas que se agravaron por la caída internacional de los precios del carbón y los impactos económicos de la pandemia. La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia a los contratos en septiembre de 2021, lo que impulsó el inicio de un plan de cierre y liquidación de las operaciones mineras en el corredor del Cesar.

Los sindicatos, en su comunicado, señalaron que el cierre de estas minas ya causó la pérdida de más de 7.500 puestos de trabajo en la zona. Advierten que los nuevos recortes profundizarán la crisis social y económica, y podrían acarrear la desaparición de los últimos líderes y organizaciones sindicales en las compañías implicadas. La estrategia de las organizaciones gremiales se basa en el concepto de unidad de empresa, una figura que permitiría que, por ser Glencore la matriz de las minas en Cesar y de la operación Cerrejón en La Guajira, los trabajadores puedan ser transferidos a estas minas, asegurando la continuidad de sus empleos.

El pronunciamiento definitivo del juzgado tendrá implicaciones relevantes, pues definirá si el Ministerio del Trabajo debe intervenir en los despidos masivos y si Glencore deberá asumir responsabilidades directas de reubicación laboral para los empleados aún vinculados al proceso de cierre empresarial en el Cesar.

¿Qué implica la declaración de unidad de empresa en el caso de los trabajadores de Glencore?

La declaración de unidad de empresa significaría que, a efectos laborales, las distintas filiales de Glencore en Colombia son tratadas como una sola entidad. De acuerdo con la tutela presentada, esto permitiría que los trabajadores de Prodeco y Carbones de La Jagua, aún enfrentando el cierre de sus minas, puedan ser reubicados en otras operaciones activas de Glencore en el país, como Cerrejón, sin perder sus derechos y estabilidad laboral.

¿Por qué se negó la medida provisional para suspender los despidos en el proceso judicial?

La jueza Marina Acosta Arias decidió negar la medida provisional solicitada por los sindicatos porque, según lo establecido en su decisión, es necesario primero conocer el punto de vista de todas las partes involucradas en el proceso. Así, se garantiza el derecho a la defensa antes de adoptar una decisión que suspenda temporalmente los despidos de los trabajadores mientras se resuelve la tutela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.