Deslizamiento deja sin paradero a un sector: vecinos denuncian abandono y exigen acciones urgentes

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Deslizamiento destruye el único paradero del sector: comunidad exige respuestas tras un año de alertas ignoradas.

El deslizamiento que ha arrasado con el único paradero público de un sector ha agudizado el malestar entre sus habitantes, quienes llevan ya un año formulando peticiones y advertencias a varias entidades oficiales. Pese a sus insistentes llamados dirigidos a la Unidad de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Medio Ambiente y Planeación Municipal, así como al Concejo Municipal en sesiones descentralizadas, la comunidad percibe una total ausencia de acciones efectivas. Para ellos, esta omisión institucional representa un riesgo tangible tanto para sus bienes colectivos como para la integridad de la comunidad, y podría implicar responsabilidades administrativas y legales por el deterioro del patrimonio público.

Este episodio se inserta en un patrón persistente de deficiencias en la gestión local del riesgo en zonas urbanas vulnerables. Voces expertas en gestión integral del riesgo, como las del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Bogotá, advierten que la desatención a daños críticos en infraestructuras públicas —especialmente en puntos neurálgicos como paraderos y áreas de encuentro comunitario— incrementa la vulnerabilidad socioambiental y la exclusión de sectores ya marginados. En el caso analizado, la demora en la respuesta institucional se percibe no sólo como un obstáculo físico, sino como un claro síntoma del incumplimiento del deber estatal de proteger los derechos ciudadanos y el entorno social.

Según Diego Rivera, actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo, se ha iniciado una articulación con la Universidad de Caldas (propietaria del predio), la Secretaría de Movilidad, la Personería y la comunidad. Está prevista una reunión esta semana para definir acciones concretas que incluyen la recuperación del paradero, limpieza de canales y medidas de seguridad, tareas que, en términos legales, corresponderían tanto a la universidad anfitriona como a las autoridades municipales. No obstante, como lo documenta el medio reconocido La Patria, la población sostiene que las gestiones han sido atrasadas e insuficientes.

La academia también enfatiza que una gestión integral del riesgo exige prevención, mitigación, respuesta y, especialmente, una recuperación social y técnica donde participen todos los actores: entes territoriales, privados y sociedad civil. El apoyo técnico universitario aporta rigor, pero no exime a las autoridades del deber de actuar con celeridad y transparencia, apunta el Observatorio Nacional del Riesgo de la Universidad Nacional de Colombia. Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) alertan sobre el incremento de riesgos geológicos en áreas urbanas, causados en parte por la ocupación desordenada del territorio y las precarias inversiones preventivas.

El marco legal colombiano, a través de la Ley 1523 de Gestión del Riesgo, establece obligaciones claras para las autoridades respecto a la prevención y atención de emergencias que comprometan la seguridad pública. Cuando hay omisiones probadas, suelen abrirse procesos administrativos y judiciales por detrimento patrimonial, sobre todo ante escenarios de negligencia institucional.

Reconocidos medios destacan además que la recuperación de infraestructura como paraderos impacta directamente la calidad de vida urbana, la movilidad y la cohesión social; su deterioro afecta sobre todo a poblaciones vulnerables, como menores, personas mayores y quienes viven con alguna discapacidad. Por ello, la coordinación efectiva entre sectores público y privado es indispensable si se buscan soluciones perdurables que aseguren la conectividad y el bienestar de todos.

En el plano social, las organizaciones civiles claman porque los procesos sean transparentes y abiertos a la participación ciudadana. Esta brecha entre políticas públicas y su aplicación práctica refleja desafíos estructurales dentro de la gestión municipal, donde la falta de acciones inmediatas contribuye a incrementar el riesgo social y ambiental, tal como evidencia un reciente informe de la Fundación Corona.

En definitiva, la situación revela la urgente necesidad de respuestas claras que restauren el espacio público y aseguren la protección comunitaria. El encuentro institucional programado debe traducirse en compromisos visibles y verificables, para evitar que la vulnerabilidad y el sentimiento de abandono persistan en el sector afectado.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Cuáles son las principales responsabilidades de las autoridades bajo la Ley 1523 de Gestión del Riesgo?

La Ley 1523 de 2012, que define el sistema de gestión del riesgo en Colombia, estipula que las autoridades municipales, departamentales y nacionales tienen la obligación de prevenir y atender los efectos de amenazas naturales o derivadas de la acción humana sobre la población y los bienes públicos. El cumplimiento de estas responsabilidades implica que cualquier omisión o dilación en atender emergencias puede conllevar sanciones legales y administrativas por poner en peligro la seguridad y el patrimonio colectivo.

Dicha ley también requiere de las entidades territoriales la elaboración de planes de gestión, la promoción de la participación comunitaria y el monitoreo constante de los riesgos; así, no solamente deben actuar tras el desastre, sino anticiparse mediante planificación e inversiones preventivas. El desconocimiento o la infracción de estos deberes puede dar lugar a demandas judiciales, procesos disciplinarios y posibles sanciones por detrimento patrimonial.

¿Qué es exactamente un deslizamiento y por qué son tan frecuentes en zonas urbanas?

Un deslizamiento es un fenómeno geológico que implica el movimiento repentino de tierra, rocas o escombros por la pendiente de una ladera, generalmente asociado a lluvias intensas, fallas de infraestructura o alteraciones del terreno provocadas por la actividad humana. En las ciudades, este tipo de eventos es común debido a la urbanización acelerada y poco planificada, que genera cortes en laderas, sobrecarga de suelos y mala canalización de aguas pluviales.

La frecuencia creciente de deslizamientos en entornos urbanos responde al déficit de planeación territorial y a la falta de inversiones suficientes en obras de protección y drenaje. El DANE y el Observatorio Nacional del Riesgo enfatizan la importancia de la intervención temprana y la planificación adecuada para reducir la amenaza, proteger infraestructuras esenciales y evitar daños sociales y económicos de gran impacto.

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