RTVC traslada a la Fiscalía el caso de la unidad móvil: denuncian posible sobrecosto y falta de planta eléctrica

El presunto desfalco en RTVC, Sistema de Medios Públicos, ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, ha traído nuevas revelaciones sobre la gestión de recursos en la entidad. La administración actual de RTVC cuestionó un millonario contrato de $11.924 millones destinado a la fabricación y dotación de una unidad móvil de televisión. Según denuncias de la entidad, dicha unidad permanece inmovilizada a causa de la ausencia de una planta eléctrica esencial para su funcionamiento. Ante ello, el caso ya fue trasladado a organismos de control que deberán determinar si se presentaron irregularidades en el manejo de los recursos.

Uno de los aspectos que más controversia ha generado son los supuestos sobrecostos identificados en la adquisición de equipos. De acuerdo con RTVC, cerca de $9.000 millones de esos recursos se invirtieron en equipos audiovisuales, aunque análisis previos de mercado y cotizaciones internas ubicaban equipos similares alrededor de los $7.000 millones. Así, queda una diferencia superior a los $2.000 millones, una suma significativa cuyos detalles deberán ser sometidos a revisión por las autoridades competentes para establecer si correspondió a un sobrecosto injustificado.

El contrato en cuestión, identificado como el número 2899 de 2025, fue firmado el 16 de diciembre de ese año con la Unión Temporal Móvil RTVC. Su alcance era integral: abarcaba el diseño, la fabricación, la instalación y la integración de equipos, sistemas de energía eléctrica, conectividad, pruebas técnicas y la puesta en funcionamiento total de la unidad. No obstante, la administración actual advirtió que la unidad no está operativa precisamente por carecer de la planta eléctrica que debía estar incluida, lo que siembra dudas acerca del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

RTVC también ha puesto en duda la adecuación técnica de varios componentes del contrato. Las observaciones señalan que las características ópticas de las ocho cámaras entregadas no responden plenamente a las exigencias de las producciones audiovisuales de la televisión pública. Además, se cuestionó la capacidad de la consola de sonido para grandes proyectos y se indicó que el dron suministrado parece diseñado para labores de cartografía y seguridad, no para transmisiones en directo, lo que llevaría a preguntarse si las compras realmente se ajustaron a las necesidades del canal público.

El contrato contempló un anticipo del 30 % —alrededor de $3.577 millones—, gestionado a través de un patrimonio autónomo, mientras que los pagos siguientes dependían de la entrega de diseños, equipos y la puesta en marcha de la unidad móvil. También surgieron suspicacias frente a la competencia empresarial, porque dos compañías que participaron separadamente en el estudio de mercado terminaron presentando una oferta conjunta. El expediente ya está en manos de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades responsables de esclarecer si hubo incumplimientos, sobrecostos injustificados o conductas irregulares en el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la unidad móvil contratada por RTVC no está operativa?

De acuerdo con las denuncias de la actual administración de RTVC, la unidad móvil de televisión, adquirida mediante un contrato por $11.924 millones, no puede operar porque no cuenta con una planta eléctrica, a pesar de que el contrato contemplaba la integración de todos los sistemas necesarios para su funcionamiento. Este hecho ha despertado interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el uso de los recursos asignados.

¿Cuáles son los posibles sobrecostos detectados en el contrato de RTVC?

Según información de RTVC, se identificó que cerca de $9.000 millones fueron destinados a equipos audiovisuales, mientras que los estudios de mercado y cotizaciones internas estimaban esos bienes en unos $7.000 millones. Por lo tanto, la diferencia podría superar los $2.000 millones, lo que ha generado dudas sobre la justificación de ese incremento y llevó a que las autoridades examinen si existieron sobrecostos injustificados.