Petro ordena abrir los archivos secretos del DAS: así será el proceso y por qué es clave para la verdad

La orden del presidente Gustavo Petro de desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) marca un hito en la gestión documental y la memoria histórica en Colombia. Desde 2014, cuando estos documentos pasaron a custodia del Archivo General de la Nación (AGN), la labor se centró en su conservación. No fue hasta 2023, en cumplimiento de un auto proferido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el AGN emprendió el prediagnóstico y posterior diagnóstico profundo para evaluar el estado de los archivos, sentando las bases para su futura desclasificación y acceso público, en línea con lo estipulado en el reciente decreto presidencial. Este proceso, delineado por el decreto, supone la foliación, restauración, descripción y digitalización de los documentos, garantizando tanto su preservación como la protección de la información sensible mediante procedimientos de anonimización y autodeterminación informativa.

El volumen de esta tarea resulta inmenso: el fondo del extinto DAS comprende 57.425 cajas de documentación física, equivalentes a cerca de 15 kilómetros lineales, además de 47.829 unidades en soportes electrónicos y analógicos. La organización de este archivo ha transcurrido de forma desigual: mientras la sección administrativa llegó ordenada, la de inteligencia y gastos reservados fue entregada sin caracterización archivística, lo cual ha dificultado su gestión. Aunque la meta es completar la reorganización y digitalización en cinco o seis años, las condiciones técnicas y presupuestarias —con una estimación superior a los 50 mil millones de pesos solo para el soporte físico— podrían prolongar este plazo, máxime ante la obsolescencia de muchos medios electrónicos y la ausencia de claves de acceso.

Un componente clave del proceso es la garantía de derechos. Los procedimientos de anonimización sirven para resguardar la intimidad de las personas, mientras que el principio de autodeterminación informativa permite a quienes resulten afectados por informaciones inexactas a solicitar modificaciones en la versión pública de los documentos. Entretanto, el acceso no está restringido para autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas parte de investigaciones, aunque las labores de protección de datos personales se mantendrán para el público en general.

La desclasificación, además de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, refuerza el compromiso estatal con la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto y de graves violaciones de derechos humanos. Cabe destacar que el propio fondo documental del DAS fue declarado patrimonio histórico y su valor trasciende el interés investigativo, al servir como herramienta de esclarecimiento y memoria colectiva. La digitalización de 25 millones de imágenes ya disponibles para consulta refleja el avance en la apertura informativa y el acceso remoto.

La transparencia en el manejo de estos archivos se verá reforzada por la participación de entidades como la JEP, la Procuraduría General, y la coordinación con el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. Informes públicos periódicos permitirán monitorear el fiel cumplimiento de la trazabilidad y protección del material. Al mismo tiempo, se insiste en que la preservación del original es inquebrantable y que el proceso de elaboración de versiones públicas respeta los estándares internacionales y nacionales.

El reto principal radica en mantener la continuidad de este proyecto a pesar de los eventuales cambios de gobierno, pues la desclasificación corresponde a una responsabilidad estatal más allá de la administración de turno. La colaboración con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que en los dos últimos años ha identificado 321 posibles casos gracias al cruce de datos con los archivos del DAS, demuestra el potencial probatorio y humanitario de la información reservada. Así, la apertura propuesta sienta un precedente que podría extenderse a otras entidades en el futuro.

¿En qué consiste exactamente el procedimiento de anonimización de documentos y por qué es relevante en el proceso de desclasificación?

El procedimiento de anonimización se refiere al conjunto de acciones destinadas a proteger datos sensibles, de modo que la información divulgada no permita identificar a las personas involucradas, resguardando su derecho a la intimidad y al buen nombre. La relevancia de este proceso en el contexto de la desclasificación es fundamental, ya que muchos documentos del DAS contienen referencias a personas que podrían resultar afectadas por la divulgación de información inexacta, incompleta o sensible. Por este motivo, la anonimización constituye una herramienta clave para equilibrar el derecho colectivo a la verdad con los derechos individuales a la protección de datos y al respeto de la memoria.

En el marco de la apertura de archivos sensibles, la aplicación estricta de procedimientos de anonimización garantiza que el acceso público no implique revictimización ni vulneración de la privacidad de las personas involucradas. Se evita así que datos personales sean utilizados para estigmatizar, discriminar o afectar derechos fundamentales. El protocolo implementado por el Archivo General de la Nación responde a estándares legales y éticos nacionales e internacionales, y es supervisado por entidades garantes de la transparencia y la defensa de derechos humanos, como la Procuraduría y la JEP, consolidando la confianza social en el proceso.