Juzgado de Valledupar retoma proceso para desalojar predio La Sabana 1 tras revocar suspensión provisoria

El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar tomó una decisión relevante este lunes al levantar la medida provisional que suspendía el desalojo del predio La Sabana 1. Esta determinación se dio después de que un grupo de ocupantes presentara una tutela exigiendo la realización de un nuevo censo poblacional antes de que se ejecutara el procedimiento policivo. Según el fallo de la jueza Ana Milena Saavedra Martínez, la tutela no era el mecanismo apropiado para detener el operativo, recalcando que la responsabilidad de hacer cumplir la Sentencia T-946 de 2011 recae exclusivamente sobre el Juzgado Quinto Civil del Circuito, instancia que avaló el censo originalmente realizado en 2012.

El documento judicial detalla que el aumento de la población en las invasiones conocidas como Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa no obliga a las autoridades a rehacer el censo ni justifica la suspensión indefinida del operativo. De acuerdo con la jueza, permitir esto llevaría a un ciclo interminable que impediría ejecutar la orden inicial de la Corte Constitucional. Así, tras la eliminación de la restricción, el proceso legal queda restablecido para que la Alcaldía y la Policía lleven a cabo la intervención, aunque la jueza enfatizó que la ejecución material depende directamente de las autoridades municipales y policiales.

En contraste con el avance judicial, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, aseguró en rueda de prensa que respeta, pero no comparte la decisión judicial que le impuso tres días de arresto por no desalojar el predio. Según declaraciones recogidas por El Pilón, Orozco explicó que el problema lleva cerca de 15 años, comenzó con 800 personas y actualmente hay más de 30.000 habitando el predio. El mandatario destacó las dificultades de cumplir con la exigencia de desalojo, advirtiendo que “eso se va a convertir en una guerra”, pues el operativo requeriría el traslado de unas 2.000 personas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), camiones y maquinaria pesada. A pesar de estos retos, la Alcaldía ha declarado la utilidad pública del predio y, junto con Fonvisocial, avanza en los avalúos para buscar recursos y negociar con los propietarios. Orozco enfatizó que, si se concreta la compra, aplicarán filtros estrictos para determinar quiénes podrán quedarse, asegurando que no les temblará la mano con esa decisión.

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¿Por qué el Juzgado Tercero de Familia de Valledupar levantó la suspensión del desalojo de La Sabana 1?

De acuerdo con el fallo de la jueza Ana Milena Saavedra Martínez, la suspensión fue levantada porque la acción de tutela interpuesta por los ocupantes no era el mecanismo legal adecuado para frenar el operativo. Además, el juzgado consideró que la orden de la Corte Constitucional debía cumplirse y que el aumento reciente de la población en el predio no obligaba a repetir el censo realizado en 2012. Así, se restableció el escenario legal para que las autoridades locales ejecuten la intervención.

¿Qué argumentos expuso el alcalde de Valledupar para oponerse al desalojo de más de 30.000 personas en La Sabana 1?

El alcalde Ernesto Orozco expuso que el desalojo representa un desafío enorme dada la cantidad de personas involucradas, que han pasado de 800 a más de 30.000 a lo largo de 15 años. Señaló que un operativo de esa magnitud requeriría un amplio despliegue policial y logístico, lo que, a su juicio, podría desencadenar un conflicto grave en Valledupar. Por ello, la administración local dio pasos hacia la declaratoria de utilidad pública del predio y busca negociar su compra, asegurando la aplicación de filtros estrictos para definir quiénes pueden beneficiarse.