Destapan quién sería la persona en Colombia que se enriquece con multas de tránsito: "Desde hace años"

Una grave denuncia penal fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, alertando sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios tecnológicos para el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), las cuales habrían sido auspiciadas por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios). De acuerdo con la acusación, el caso involucra directamente a directivos de dicha federación, a la empresa de Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicios Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones (Dicitec S.E.M. S.A.S.) y a los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora), según informó el periodista Melquisedec Torres.

El documento sostiene que este modelo de contratación pudo afectar recursos provenientes de las multas de tránsito, solicitando a las autoridades la revisión exhaustiva de comparendos que habrían sido impuestos sin cumplir con todos los requisitos legales establecidos. Según estimaciones del denunciante, cerca de 7,5 millones de conductores en el país podrían estar afectados por estas sanciones cuestionadas; de ese grupo total, aproximadamente seis millones figurarían como morosos, tendrían medidas cautelares de embargo o aparecerían en registros de cobro, mientras que cerca de 1,5 millones ya habrían efectuado el pago de las multas. Al respecto, el abogado aclaró que “no todas las fotomultas impuestas en el país son ilegales, ni cualquier conductor puede reclamar automáticamente una devolución”.

Muy atentos. Este señor es Gilberto Toro Giraldo. La mayoría del país no lo conoce pero desde hace 30 años es el amo absoluto de la @Fedemunicipios que representa – en teoría – a casi todos los municipios del país y controla el 10% de toda la plata de las multas por infracciones de tránsito.

Acaba de ser denunciado penalmente por el abogado Ricardo Ruge por el manejo de ese 10%, que se convierte en decenas de miles de millones de pesos anuales y son recursos públicos.

La denuncia penal detalla los sospechosos contratos con una empresa de economía mixta, Dicitec SEM (creada en Zarzal, Valle en 2018) y MASORA (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño).
DICITEC tiene como socios accionistas a la misma Federación de Municipios y a MASORA. Sus dos representantes legales también son denunciados.

El proceso apunta también a las irregularidades por las “fotomultas”; una decisión de @Supertransporte ordenó devolver más de $ 1 BILLÓN a más de millón quinientos mil colombianos que habían pagado multas por cámaras de foto detección ilegales.

Señala el documento radicado ante la Fiscalía que “Se denuncia un esquema sostenido, al menos, entre marzo de 2015 y la fecha, mediante el cual el Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, direccionó de forma directa hacia DICITEC S.E.M. S.A.S., sociedad de la que la propia Federación es accionista y en cuya asamblea de accionistas él mismo vota, contratos pagados con los recursos públicos que la Federación administra por mandato legal, entre ellos los del SIMIT, por un valor que supera los $43.181 millones en los seis contratos con registro en el SECOP y los $45.800 millones si se suman el contrato 038 de 2022 y los servicios de hosting certificados por el propio denunciado”.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 14, 2026

La denuncia apunta en específico al director ejecutivo y representante legal de Fedemunicipios, Gilberto Toro Giraldo; al gerente de Dicitec, Enrique Alfonso López Pinilla; y al director ejecutivo de Masora, Fabio Antonio Ríos Urrea. En el escrito se detalla que la Federación habría celebrado al menos seis contratos con Dicitec a través del Secop por un valor de $43.181 millones, monto que ascendería a cerca de $45.821 millones al sumar un contrato de 2022 y servicios de alojamiento de datos. El denunciante advirtió que el detrimento patrimonial inicialmente calculado en $98.000 millones escaló a más de $170.000 millones y, tras revisiones recientes, podría alcanzar el medio billón de pesos.

Los acuerdos contractuales comprendían infraestructura tecnológica, almacenamiento en la nube, alojamiento de datos, actualización del Simit y continuidad de servicios informáticos mediante contratación directa por convenios interadministrativos. La acusación cuestiona que Dicitec fue presentada como una sociedad de economía mixta sin acreditar presuntamente los requisitos legales para dicha condición, advirtiendo además un posible conflicto de intereses de Gilberto Toro Giraldo al fungir como ordenador del gasto de la Federación y como representante de la misma en calidad de accionista de Dicitec. El expediente señala que Masora poseería el 50,1% de las acciones y la Federación un 5%, quedando el porcentaje restante en manos privadas, por lo que se solicitó revisar actas, autorizaciones de concejos municipales y estados financieros.

Preliminarmente, la denuncia atribuye conductas punibles como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, violación de inhabilidades e incompatibilidades, concierto para delinquir, falsedad documental y fraude procesal.

El caso también pone la lupa sobre subcontrataciones tecnológicas con Smart Cloud International Corporation S.A.S. y se suma a decisiones previas como la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Federación restituir más de $84.752 millones a municipios por excedentes y rendimientos financieros del Simit. La iniciativa jurídica cuenta con el respaldo de organizaciones de transportadores, motociclistas y el portal SIMITDEVÚLVEMELAPLATA.COM para agrupar a los afectados.