Tres exministros de Petro son denunciados por déficit con el modelo de la salud de los maestros

La Red de Veedurías de Colombia anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de tres exintegrantes del gabinete ministerial, señalando su presunta responsabilidad en la crisis operativa y financiera que atraviesa el sistema de salud de los profesores, administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La acción legal está dirigida puntualmente contra la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y la exministra de Educación, Aurora Vergara.

De acuerdo con el documento presentado por la organización ciudadana, los exfuncionarios deberán responder por las determinaciones administrativas aprobadas dentro del Consejo Directivo del Fomag entre octubre de 2023 y octubre de 2026. Según la reconstrucción de los hechos, las decisiones tomadas durante la reestructuración del modelo asistencial desencadenaron graves fallas en la prestación de los servicios médicos que afectan a más de 300.000 docentes en todo el país.

La controversia se remonta a la cancelación de la Invitación Pública 002 de 2023 y la posterior adopción del Acuerdo 003 de abril de 2024, esquema diseñado en conjunto con Fecode para modificar la red de atención. No obstante, para julio de ese mismo año se hicieron evidentes los problemas en el suministro de medicamentos, panorama que empeoró con el vencimiento de contratos a finales de 2024 y los desacuerdos entre el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora por la contratación de prestadores.

Asimismo, la veeduría hizo énfasis en el crítico estado financiero del fondo, advirtiendo sobre un déficit acumulado estimado en $2,7 billones. La denuncia menciona que, pese a la imposición de medidas cautelares por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y al reciente traslado presupuestal de $859.000 millones desde el rubro de pensiones hacia el sector salud, el faltante persiste. El presidente de la red, Pablo Bustos, ratificó que el objetivo del recurso penal es que el ente investigador establezca si existió responsabilidad delictiva en la gestión de estos recursos públicos.