Denuncia de plan criminal contra Paloma Valencia sacude la campaña y desata polémica en el Gobierno

En el centro del actual debate político colombiano se encuentra la denuncia sobre un supuesto plan para atentar contra la vida de Paloma Valencia, candidata de la oposición por el Centro Democrático. El episodio, marcado por versiones cambiantes de las autoridades, ha puesto de nuevo en discusión la gestión de la información de inteligencia durante el sensible periodo preelectoral. El domingo pasado, altos funcionarios gubernamentales y mandos policiales notificaron a Valencia sobre un potencial complot criminal, en medio de una oleada terrorista que azota el suroccidente del país. Según datos de 32 atentados recientes —en los que han fallecido 21 civiles—, la violencia política incrementa la percepción de vulnerabilidad de los candidatos.

De acuerdo con la información transmitida a la candidata, disidencias del frente 42 de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente bajo la coordinación de un individuo conocido como “Buche de Tula”, estarían detrás del presunto intento de asesinato. Sin embargo, menos de veinticuatro horas después, la versión oficial dio un vuelco: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó categóricamente la existencia del plan, señalando en redes sociales que las labores de inteligencia no identificaban una amenaza real y que “Buche de Tula” tiene antecedentes de delincuencia común sin vínculos activos con estructuras armadas organizadas.

El presidente Gustavo Petro respaldó a su gabinete y reprochó a Valencia por comunicar en sus redes sociales una versión que, según él, distorsionaba la realidad de los informes de inteligencia. Petro señaló que la información inicial respondía a disputas entre delincuentes comunes y no a una trama orientada contra la vida de la candidata, mensaje que afirmó haber transmitido de manera clara a la afectada. Este giro discursivo intensificó la tensión y propició una dura respuesta de Valencia durante un acto público en Cauca, quien reclamó la responsabilidad de los propios funcionarios del gobierno en el manejo y entrega de la información sensible.

Valencia denunció que recibió incluso más detalles sobre amenazas de las que hizo públicas, incluyendo planes de agresión en el sur del país, y lamentó el “silencio que impone el Gobierno”, sugiriendo que el actual ambiente no solo acentúa la inseguridad de los aspirantes sino que debilita la confianza en la protección estatal. La candidata manifestó que la vida de ningún político, ni aun aquellos con robustos esquemas de custodia, está realmente a salvo en el actual contexto colombiano.

Estos episodios se enmarcan en una campaña presidencial marcada por la hostilidad, la violencia y la muerte de figuras clave. El 7 de junio de 2025, el senador Miguel Uribe Turbay —precandidato favorito del Centro Democrático— fue asesinado en Bogotá, suceso que elevó los niveles de alerta y llevó a Valencia a ocupar su lugar como candidata y una de las congresistas más amenazadas del país. Alertas públicas, como las emitidas por el expresidente Álvaro Uribe y la reacción inmediata del gobierno estadounidense, representado por Michael Kozak, resaltan la preocupación internacional y la urgencia de garantizar la seguridad electoral.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha contabilizado 35 amenazas recientes contra aspirantes y ha instado a las campañas a reducir la estigmatización. Valencia sostiene que los señalamientos que intentan vincular a la oposición con la extrema derecha buscan, según sus palabras, “evadir responsabilidades” y justificar nuevos actos de violencia, en un escenario donde las líneas entre la denuncia política y la instrumentalización retórica se vuelven cada vez más difusas.

¿Qué significa “disidencia” en el contexto colombiano?

En el texto, el término “disidencia” hace referencia a los grupos armados que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), no aceptaron dejar las armas o posteriormente regresaron a la actividad criminal. Estas facciones, pese a la desaparición formal de las Farc como organización armada, continúan operando fuera de la ley y suelen ser responsables de actos de violencia, como amenazas, atentados y hostigamientos contra civiles y figuras públicas. Entender este concepto es fundamental para dimensionar el tipo de amenazas que enfrentan candidatos como Paloma Valencia y la complejidad de la actual coyuntura electoral.