"No aparece lo que se compró": ministro Lara destapa desfalco en Bomberos del gobierno Petro

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El ministro del Interior destapó un rosario de anomalías contractuales por miles de millones usando falsas emergencias invernales en plena campaña electoral.

Rodrigo Lara acudió a la Casa de Nariño con un expediente explosivo bajo el brazo para sacudir los cimientos de la administración pasada. El ministro del Interior destapó una presunta red de corrupción que supera los 62.000 millones de pesos en la Dirección Nacional de Bomberos, operada mediante la instrumentalización de emergencias climáticas para adjudicar contratos a dedo bajo el espejo retrovisor de la ley de garantías electorales.

La mecha se encendió tras una auditoría forense ordenada por la cartera ministerial al contrato 076, pactado inicialmente por 16.000 millones de pesos con la empresa McKay Soluciones, en Barranquilla, y que terminó inflándose hasta los 24.000 millones. El argumento oficial original invocaba una urgencia manifiesta por el frente frío que azotó a ocho departamentos —entre ellos Córdoba, Antioquia, Chocó y La Guajira— a comienzos de año, afectando a unas 250.000 personas. Sin embargo, la realidad de los papeles fue lapidaria: de 42.000 millones contratados bajo esa sombrilla de calamidad, apenas 313 millones se destinaron a la contingencia real, mientras el resto se desvió hacia equipos especializados para incendios que nada tenían que ver con mitigar inundaciones.

El funcionario fue más allá al desglosar los tiempos de la jugada contractual. El decreto de urgencia sirvió para saltarse las licitaciones públicas, pero el convenio se firmó seis semanas después, cuando la emergencia invernal ya era historia pisada. Para rematar, las anomalías físicas saltaron a la vista en los inventarios: de 744 equipos cobrados en la primera factura, al almacén solo ingresaron 670. “¿Dónde fue a parar esa plata?”, cuestionó abiertamente Lara desde el atril gubernamental.

El olor a clientelismo político se intensificó al revisar el calendario. Los giros y las emisiones de las facturas más jugosas, superiores a los 15.000 millones de pesos, se concretaron en plena vigencia de la ley de garantías y justo al borde de hitos electorales clave, como el día posterior a la segunda vuelta presidencial. Ante este panorama, el Ministerio del Interior radicó un paquete de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la UIAF y el Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que las pesquisas están a punto de tocar el techo de los 62.000 millones en contrataciones bajo el mismo molde opaco. “La urgencia manifiesta existe para salvar vidas en una emergencia, no para saltarse la ley”, sentenció Lara, marcando una raya clarísima frente a los desvíos del pasado.