Gustavo Petro denuncia ante la Fiscalía a Angie Rodríguez por el “Pacto de Valledupar” tras señalamientos sobre presiones a exparamilitares

Este miércoles 21 de octubre, el abogado Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La acusación está relacionada con el controvertido “Pacto de Valledupar”, y surge luego de las afirmaciones de Rodríguez, quien declaró haber recibido instrucciones para gestionar un encuentro en Valledupar con exjefes paramilitares, con el objetivo de que dieran testimonios en contra de figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Algunas partes de esa versión contaron con el respaldo parcial del exparamilitar Salvatore Mancuso, quien aclaró que Petro nunca le hizo directamente tal petición y que los excomandantes habrían rechazado participar.

De acuerdo con Carranza, Gustavo Petro jamás ordenó a Rodríguez buscar testimonios o armar montajes relacionados con el paramilitarismo contra Uribe o De la Espriella. El abogado enfatizó que, de haber tenido conocimiento de actos delictivos, Petro los habría denunciado públicamente, y no recurriría a intermediarios. La denuncia presentada incluye delitos como peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravada, así como violación de datos personales. Según Carranza, la Fiscalía debería escuchar el testimonio de Mancuso para esclarecer quiénes intervinieron en los encuentros bajo investigación y determinó que podrían solicitarse declaraciones de otros miembros del despacho presidencial, además de la revisión de documentos y grabaciones.

Por otro lado, este miércoles también se remitió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que el expresidente Petro declare sobre estos hechos. Carranza pidió agilidad tanto a la Fiscalía como a la Comisión en la gestión de estos procedimientos. Adicionalmente, presentó denuncias relacionadas con los señalamientos sobre supuestos consumos de sustancias y presuntas conductas inapropiadas atribuidas a Petro por Rodríguez, solicitando investigar actos de corrupción durante la gestión de Rodríguez en el Dapre.

La investigación cobró notoriedad tras el pedido del ministro de Justicia, Iván Cancino, del 19 de octubre, dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo para verificar reuniones con exjefes paramilitares en Valledupar. La base de esta solicitud incluye las declaraciones de Angie Rodríguez y la columna firmada por Melquisedec Torres en El Colombiano, publicada el 17 de octubre. En este contexto, se identifican discrepancias en las fechas de los supuestos encuentros y se mencionan presuntos ofrecimientos a exparamilitares como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejores condiciones de reclusión. Paralelamente, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra Armando Benedetti, exministro del Interior, y Angie Rodríguez, luego de entrevistas publicadas en Semana donde Rodríguez habló de un supuesto plan, atribuido a órdenes desde la Presidencia, para vincular a los mencionados políticos con el paramilitarismo en medio de la campaña presidencial de 2025, según información recogida por la entidad.

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¿Qué es el “Pacto de Valledupar” y quiénes están involucrados en la investigación?

El llamado “Pacto de Valledupar” es una controversia política que involucra presuntas reuniones entre funcionarios del Gobierno, exjefes paramilitares y declaraciones dirigidas a afectar políticamente a figuras como Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, es uno de los principales nombres señalados, así como Gustavo Petro, Salvatore Mancuso y Armando Benedetti, según informaciones recogidas por la Fiscalía y la Procuraduría.

¿Qué es la JEP y por qué se menciona en el caso del “Pacto de Valledupar”?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un mecanismo judicial especializado creado en Colombia para investigar, juzgar y sancionar delitos cometidos en el marco del conflicto armado, buscando la verdad y la reparación de las víctimas. En el caso del “Pacto de Valledupar”, se menciona que algunos exparamilitares habrían recibido la oferta de ingresar a la JEP como un posible beneficio a cambio de entregar declaraciones contra algunos políticos, según lo reportado en la columna de Melquisedec Torres y otras fuentes citadas.