¿Dónde está el oro de las FARC? Crecen las dudas y la polémica por la reparación a las víctimas en Colombia

La preocupación por la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia ha tomado un nuevo impulso tras la reciente denuncia de la Contraloría General de la República sobre serias deficiencias en la financiación y entrega de bienes por parte de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La controversia se encendió nuevamente cuando el exconcejal y candidato a la Cámara, Daniel Briceño, cuestionó públicamente a la senadora Sandra Ramírez, reconocida en el pasado como ‘Griselda Lobo’ durante su militancia en las FARC, por el destino de los activos supuestamente entregados para la indemnización de las víctimas. Según Briceño, existen dudas acerca de si los bienes reportados por el grupo armado realmente fueron entregados en su totalidad, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y efectividad del proceso.

El debate se focaliza especialmente en el oro, uno de los activos de mayor valor, pues existen versiones que indican que antiguos líderes del secretariado de las FARC participaron directamente en su traslado. A raíz de las investigaciones y los hallazgos de la Contraloría, se ha reavivado la incertidumbre sobre el paradero de este recurso, aumentando la desconfianza entre las víctimas y la opinión pública respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.

El informe presentado por la Delegada para el Sector Justicia de la Contraloría revela que las dos primeras sentencias dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano judicial transicional creado para juzgar crímenes cometidos en el conflicto, presentan una dramática desfinanciación cercana al 83,6 % para el año 2026. Según cifras oficiales, se requerirían $121.858 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de reparación, pero solo se cuenta con $20 mil millones, lo que implica una brecha de más de $100 mil millones de pesos.

La situación descrita por la Contraloría no solo evidencia una falta de monetización de los activos supuestamente entregados, sino también incumplimientos sustanciales en la entrega de bienes que afectan directamente el derecho fundamental de las víctimas a una reparación integral. Además, el ente de control señala que varios fallos judiciales han precisado las entidades responsables tanto a nivel nacional como territorial para implementar las sentencias, pero estos organismos no disponen de los recursos necesarios para dar cumplimiento efectivo en el plazo estipulado, limitando así la ejecución de las órdenes judiciales.

En este contexto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) fue designada como administradora de los bienes provenientes de las FARC, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) es la beneficiaria de estos activos. Sin embargo, la Contraloría detectó que existe una diferencia considerable entre los bienes prometidos y los realmente recibidos. De acuerdo con el reporte oficial, solo se logró monetizar 448.500 dólares, de los cuales 1.500 dólares resultaron falsos, una cifra muy inferior a lo esperado dada la magnitud de las obligaciones con las víctimas.

Ante este escenario, la Contraloría advirtió que el desfase en la entrega y monetización de activos no solo compromete la eficacia del sistema de justicia transicional, sino que pone en entredicho los principios de verdad, justicia y reparación que sustentan el proceso de paz. Según lo comunicado por el organismo, la disparidad entre lo comprometido y lo recibido crea incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y plantea nuevos retos para el Estado colombiano en cuanto a la protección de los derechos de las víctimas.

¿Cuál es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la reparación de las víctimas?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada en el reporte de la Contraloría, es un componente clave del sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz en Colombia. Su función principal es juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, con énfasis en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La JEP emite sentencias que incluyen órdenes de reparación material y simbólica, teniendo en cuenta los bienes entregados por los responsables.

La relevancia de la JEP radica en su capacidad para investigar, juzgar y sancionar a quienes participaron en graves crímenes, pero también en su facultad para ordenar medidas concretas de reparación que deben ser respaldadas por bienes efectivamente entregados y monetizados. Sin una financiación adecuada y la colaboración de todas las partes, el objetivo de reparación integral podría verse gravemente afectado, comprometiendo la confianza en el modelo de justicia transicional instaurado tras el Acuerdo de Paz.