Alerta en la Sierra Nevada: Defensoría advierte grave escalada de violencia y pide proteger a comunidades indígenas

En un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta temprana que evidencia la gravedad del contexto de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. La entidad de derechos humanos advierte un elevado riesgo en la región como consecuencia de una escalada en la violencia producto de enfrentamientos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta situación compromete a 21 municipios repartidos entre los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, lo que revela la extensión geográfica de la amenaza.

Según detalló la Defensoría del Pueblo, la advertencia actual se suma a prevenciones anteriores emitidas sobre municipios como El Copey, Valledupar, Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha, lugares donde la violencia persistente continúa generando preocupación. Las conclusiones fueron expuestas luego de un análisis de dinámicas armadas en la zona, documento que expone cómo el control territorial por parte de las ACSN y la intención del Clan del Golfo de consolidarse en ciertas regiones han agudizado los conflictos existentes. Particularmente, los municipios de Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación, en Magdalena; El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar; y San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca, en La Guajira, emergen como focos de tensión.

El informe de la Defensoría describe cinco dinámicas de violencia: la primera, marcada por el control de las ACSN; la segunda, por la expansión del Clan del Golfo; la tercera, por enfrentamientos abiertos entre ambos grupos armados; la cuarta, relativa a territorios fragmentados donde coexisten intereses criminales –como en la localidad 2 de Santa Marta, con presencia portuaria–; y la quinta, que señala el tránsito estratégico y ocasional de estructuras ilegales. Estas realidades configuran un panorama complejo, especialmente en un territorio históricamente disputado por actores armados ilegales.

Además del control territorial, la entidad advierte sobre impactos directos en la población civil. Las comunidades han sido víctimas de homicidios individuales y colectivos, secuestros, amenazas, ‘exacciones’ (impuestos ilegales), así como prácticas de reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El concepto de “exterminio social” también ha sido documentado, perpetrado contra jóvenes, personas consumidoras de sustancias, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos o individuos socialmente estigmatizados, hechos que suelen ir acompañados por mensajes públicos que buscan legitimar la violencia y sembrar terror en la sociedad.

La Defensoría del Pueblo señala que los grupos armados recurren además a tratos crueles y degradantes, entre los que destacan castigos físicos grabados y distribuidos en redes sociales, presumiblemente a manos de las ACSN. En respuesta a este crítico escenario, el organismo defensor de derechos humanos ha emitido 38 recomendaciones urgentes dirigidas a organismos regionales y nacionales, estructuradas en nueve áreas prioritarias. Estas buscan fortalecer la protección de pueblos étnicos, liderazgos sociales y la defensa integral de los derechos humanos de la población.

Entre las principales solicitudes, la Defensoría enfatiza la necesidad de priorizar acciones dirigidas al desmantelamiento de las estructuras del EGC y las ACSN. Asimismo, insta a que los procesos judiciales adoptados consideren el enfoque diferencial y étnico, clave en una zona caracterizada por la presencia de comunidades indígenas que han sido históricamente golpeadas por la violencia armada.

¿Cuáles son las implicaciones del enfoque diferencial y étnico en los procesos judiciales de la Sierra Nevada de Santa Marta?
El enfoque diferencial y étnico responde a la necesidad de reconocer y respetar las particularidades culturales, sociales y de derechos de las poblaciones que habitan regiones con presencia de diversas comunidades, como aquellas indígenas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Al integrar este enfoque en los procesos judiciales, se busca garantizar la protección de sus derechos, teniendo en cuenta los riesgos y afectaciones específicas a las que están expuestas por el conflicto armado.
La aplicación de este enfoque, según la Defensoría del Pueblo, es fundamental para que las respuestas estatales sean más eficaces y adaptadas a las realidades locales. Esto permite que las medidas de protección y justicia respondan no solo al contexto general de violencia, sino también a los impactos diferenciados que grupos étnicos y líderes sociales experimentan en estos territorios en disputa.