Debate en Medellín: Candidatos presidenciales exigen fin de la “paz total” y medidas radicales contra el crimen

Durante el debate presidencial “Antioquia Vota por Colombia”, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2026 en Medellín, los candidatos presidenciales adoptaron una postura crítica frente a los actuales diálogos de paz promovidos por el presidente Gustavo Petro. Todos coincidieron en que el proceso debe concluir el próximo 7 de agosto, argumentando que la estrategia implementada bajo la consigna de “paz total” ha fracasado en su objetivo de transformar el panorama de seguridad del país. La aplicación de nuevas medidas más contundentes para abordar el crimen organizado y la extorsión se presentó como una prioridad innegociable para los aspirantes.

Claudia López, candidata presidencial, manifestó su negativa rotunda a continuar con el actual proceso de paz. La exalcaldesa señaló que la salida a la crisis requiere una reorganización profunda del Estado y el fortalecimiento de la fuerza pública, especialmente en las ciudades más grandes como Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, Barranquilla, Cali y Cartagena. López criticó la política de Petro, calificándola de ser un cúmulo de beneficios para los delincuentes, en donde narcotraficantes mantienen el control incluso dentro de las cárceles. Propuso una estrategia que privilegie la tecnología, la formación de cuerpos de policía local y una mayor inversión en inteligencia. Además, planteó la creación de una unidad exclusiva en la Fiscalía General de la Nación, así como la separación de penitenciarías por perfiles criminales. De acuerdo con López, el contexto colombiano ha cambiado sustancialmente, haciendo indispensable que el fenómeno de la criminalidad transnacional sea gestionado directamente por la Fiscalía y no desde la esfera política.

En el mismo sentido, Sergio Fajardo catalogó los diálogos de paz como “la peor afrenta que se le ha hecho a esta ciudad”, abogando porque las autoridades municipales identifiquen plenamente a los criminales que actúan en su jurisdicción. Fajardo defendió su programa “Ciudades Seguras”, cuyo arranque está pensado para Barranquilla. Este plan está enfocado en enfrentar la extorsión y debilitar las redes criminales a través de iniciativas como los planes Catatumbo, Chocó y Cauca, dirigidos a las regiones más afectadas por la violencia. El aspirante criticó la figura de los “gestores de paz” en las negociaciones actuales, calificándolos de ilegítimos, y propuso que la persecución de estos delitos quede exclusivamente a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Afirmó tajantemente que no debe haber espacio alguno para acuerdos con criminales y subrayó la necesidad de crear herramientas legales más estrictas.

A su turno, Paloma Valencia fue enfática al rechazar la continuidad de los actuales diálogos, señalando que Colombia ha experimentado 36 intentos de procesos de paz fallidos. Propuso medidas como intensificar la persecución a la extorsión, militarizar vías clave del país, restablecer el control territorial y atacar decididamente las fuentes de financiamiento de los grupos ilegales, principalmente relacionadas al narcotráfico. Valencia apoyó la erradicación forzada de cultivos ilícitos como medida fundamental para mermar las economías criminales. Asimismo, destacó el rol de las mujeres en el ámbito de la seguridad y defendió que tanto la sensibilidad como la firmeza pueden ser atributos valiosos a la hora de combatir la criminalidad.

En la última etapa del debate, Fajardo recalcó, al responder sobre microtráfico, la urgencia de una acción conjunta entre justicia, gobierno nacional y autoridades locales, subrayando la necesidad de fortalecer la inteligencia para hacer frente a las redes criminales que se lucran del narcomenudeo. La discusión en este escenario reflejó un cambio de clima ante el tratamiento de la criminalidad organizada, marcando el distanciamiento de los principales candidatos respecto a la estrategia de “paz total” del actual Gobierno, y mostrando un énfasis marcado en la dureza frente al crimen y la abstención de negociar con estructuras criminales.

¿Por qué los candidatos rechazan la figura de los "gestores de paz"?

Durante el debate, la figura de los “gestores de paz” fue objeto de críticas por parte de los aspirantes presidenciales, quienes cuestionaron tanto su legitimidad como su papel dentro de las actuales negociaciones. Este cargo ha sido implementado por el Gobierno nacional como parte de su estrategia de “paz total”, permitiendo a individuos que han tenido participación en estructuras criminales fungir como intermediarios en los procesos de diálogo.

Sin embargo, según expresaron los candidatos, esta figura resulta problemática porque, desde su perspectiva, legitima el actuar de individuos que han sido parte de las redes criminales, dificultando tanto la persecución judicial como la consolidación de la autoridad estatal. El rechazo a los “gestores de paz” se enmarca así en una visión más estricta de justicia y en la exigencia de que tales responsabilidades queden en manos exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación.